25 / Noviembre / 2020
El pasado viernes 6 de noviembre se realizó una reunión con las organizaciones firmantes de la nota presentada al Gobernador Juan Schiaretti, a los fines de conversar qué acciones seguir, considerando la respuesta emitida desde el Ministerio de Seguridad. Junto con el CELS, el Programa de Seguridad y Derechos Humanos de la FCS convocó a lxs firmantes, para construir además un diagnóstico participativo no sólo en torno a la violencia policial sino también en relación a las violencias y vulneraciones de derechos en contextos de encierro, tanto penitenciarios como de salud mental.
La reunión virtual se realizó con la presencia de más de 15 organizaciones sociales y espacios de investigación y extensión de distintas facultades de la UNC que trabajan en relación a la temática. Además de miembrxs del Programa de Extensión “Seguridad y DDHH” de la facultad y el CELS, participaron miembrxs de: Asociación Pensamiento Penal Capitulo Córdoba, Programa de Derechos Humanos y Programa de Universitario en la Cárcel de la FFyH UNC, Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos- Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - Córdoba, EPI-KAMBA, Observatorio de Salud Mental, La Poderosa, Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática (NEISeD). Facultad de Filosofía y Humanidades, la Cátedra de “Psicología Social y Vida Cotidiana” de la Facultad de Ciencias Sociales y Cátedra de Psicología Social Facultad de Psicología, Proyecto de Investigación SECYT “Jóvenes en situación de desigualdad social: aproximaciones desde el enfoque biográfico a la relación vida y muerte”-Facultad de Psicología, Proyecto de investigación CIECS- FCS UNC “Biosubjetividades: Neoliberalismo, Control y Resistencias”, Proyecto SECYT “Producción de subjetividad y acceso a derechos. Sentidos en torno al Programa Universitario en la Cárcel”, Grupo Derecho y Control, CIJS UE-CONICET- Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Córdoba
Durante la reunión, se plantearon cuestiones vinculadas la situación en las cárceles, mencionando los pedidos de lxs presxs durante la pandemia y el hacinamiento en algunos establecimiento como la UCA y se sugirió la necesidad de habilitar visitas de inspección de organismos de control para revisar la situación existente. En el ámbito carcelario, también se planteó la cuestión de los programas y talleres educativos que se suspendieron por el contexto de pandemia y la situación de algunas mujeres presas embarazadas o con hijxs, que no pueden lograr acceder a la prisión domiciliaria porque no cuentan con domicilio en Córdoba. Se expresó que se presentaron dos amicus curiae por la situación de las cárceles y el alto riesgo de contagio, y un amparo, pero todos fueron rechazados. También se manifestó que la demanda de un Comité contra la Tortura local es algo que se viene reclamando hace tiempo y es importante retomarlo ahora.
Respecto a la cuestión de la violencia institucional policial, se plantearon las diferentes estrategias de registro de estos casos durante la pandemia y se propuso visibilizar los casos más leves, no letales, que no son denunciados judicialmente y por los que la policía no toma ninguna responsabilidad. También, se sugirió sistematizar datos en torno a la violencia institucional dentro del Complejo Esperanza. Además,se informó que se está realizando un litigio estratégico para denunciar a la policía de Córdoba por el caso de Valentino Blas: no sólo a efectores de la muerte, sino a la policía provincial. No obstante, sobre esta problemática se expresó que la demanda no puede ser sólo a la policía, sino también al poder judicial ya que no hay defensorías especializadas y hay muchos inconvenientes en las fiscalías y juzgados en la tramitación de las causas. Es por ello que se considera que frente a los casos de violencia institucional letal y desalojos arbitrarios, no va a alcanzar con un protocolo. Se propone pensar en la elaboración de una ley local de violencia institucional más amplia para intervenir en el control y en la formación policial.
Respecto a la SENAF, se denunció la existencia de jóvenes con trastornos psiquiátricos sin atención y en condiciones de vulneración de derechos en complejos que dependen de la Secretaría.
En relación a la situación de vulneración de derechos se expresaron preocupaciones en las instituciones monovalentes de Oliva, Santa María, Bell Ville y Neuropsiquiátrico Provincial. Desde la pandemia, se profundizó el aislamiento de lxs pacientes, por ejemplo, eliminando las visitas; se suspendieron políticas de externación; se realizaron de modo arbitrario traslados entre las distintas instituciones. Se planteó que justamente por no haber conflicto con la ley penal, en estos lugares de privación de la libertad por salud mental, responden a criterios sanitarios, las vulneraciones aparecen más invisibles.
También se indicaron cuestiones vinculadas con la situación de las poblaciones indígenas durante el ASPO en toda la provincia: desalojos y abandono estatal. Y que estas vulneraciones de derechos se dan en un contexto de profundización de pobreza y precariedad social, que se ven reflejadas por ejemplo, en los comedores.
Finalmente, se propuso redactar un comunicado que dé cuenta de un diagnóstico local de las situaciones de las cárceles e instituciones de salud mental y la violencia policial desde el inicio de la pandemia. La propuesta es realizar un breve análisis de las medidas implementadas y un resumen diagnóstico de lo conversado para ser presentado ante autoridades locales del poder ejecutivo y legislativo provincial, y a nivel nacional para la fecha del 10 de diciembre del corriente año.