23 / Septiembre / 2020
La Facultad de Ciencias Sociales y el CELS junto a distintas organizaciones presentaron una carta al Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con el objetivo de transmitirle la preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses y solicitar información sobre la adopción de medidas políticas e institucionales de fondo orientadas a controlar y profesionalizar esta fuerza policial, y al mismo tiempo, mejorar sus condiciones laborales. En ese sentido, se solicita se convoque a una mesa de actores estatales y no estatales a los fines de avanzar en la articulación de acciones concretas en este preocupante tema.
Leer la carta presentada al Gobernador
Antecedentes
Aunque en la Provincia hubo avances importantes en los últimos años respecto a la reducción de detenciones contravencionales, advertimos que no disminuyó la estigmatización de los barrios pobres y de las/os jóvenes que los habitan; e incrementaron las prácticas de hostigamiento.
Casos de uso letal de la fuerza. Según nuestro registro, en los años 2016 y 2017 murieron al menos 35 personas en la Provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad con asiento en el territorio provincial[1]. De estas personas, 8 en 2016 y otras 8 en 2017, murieron por balas de efectivos de la Policía de la Provincia en diversas situaciones que pueden ser caracterizadas como ejecuciones extrajudiciales. En el año 2018, según La Voz del Interior, “10 sospechosos de delitos terminaron abatidos por disparos de la Policía en enfrentamientos callejeros.”[2]
Violencia institucional en pandemia. El contexto de la pandemia profundizó las prácticas de violencia institucional tanto de la Policía de la Provincia de Córdoba como en todo el territorio nacional debido a las facultades de control de la restricción de circulación delegadas a las fuerzas de seguridad.
Desde que se decretó el ASPO se han denunciado siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con particulares muertos: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado[3]; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías[4].Y en la Ciudad de Córdoba, el pasado 6 de agosto a la madrugada, policías de la provincia fusilaron a Valentino Blas Correas, un pibe de 17 años que viajaba en auto con sus amigos. El mes de agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” con la detención e imputación del sargento primero Marcelo Barrionuevo[5]. A estos casos fatales debemos agregar un caso en la localidad de Bell Ville (el 29 de marzo)[6] y otro (el 21 de agosto) en la localidad de San Francisco[7], donde policías de la Provincia dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros en los que las víctimas resultaron ileso, uno y con heridas, el otro.
Todo esto da cuenta de que el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales, lejos de ser una medida extrema y de respetar criterios de estricta proporcionalidad, constituye una práctica abusiva y reiterada por parte de integrantes de la policía cordobesa.
Venimos señalado en diversos pronunciamientos y publicaciones, por un lado, la pericia y rapidez de la Policía de la Provincia de Córdoba para alterar escenas de crimen (donde aparecen y desaparecen armas para justificar y/o disminuir la responsabilidad policial en los hechos). Y por otro, el hecho de que efectivos policiales imputados por delitos vinculados con su labor policial continúen desarrollando actividades operativas en el territorio. Además, tal como consta en el Relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en Córdoba - Junio 2020, que elaboramos en conjunto entre las organizaciones sociales que integran la Comisión “Seguridad y Derechos Humanos” del Consejo Social de la FCS[8].
Estos casos de violencia letal se inscriben en un contexto de aumento y profundización de prácticas de hostigamiento policial tanto en barrios de sectores populares como en las “nuevas interacciones” policiales, en barrios y con sectores sociales no habituados a estas intervenciones policiales, como lo son los sectores medios y altos.
Necesidad de reformas de fondo
Consideramos urgente la re-conducción política sobre la política policial y la implementación de reformas policiales de fondo, considerando que además de sus prácticas violentas, la policía de Córdoba tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad, como surge de los informes periodísticos e imputaciones jurídicas a los altos mando de drogas peligrosas en el 2013.
La necesidad de garantizar una mejor conducción política y herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial.
Recomendaciones
- Fortalecer el control civil y político a las fuerzas, desarmando los mecanismos de delegación de las decisiones estratégicas y del diseño de políticas al poder policial, asumiendo mayores tareas desde el ejecutivo provincial y en articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Córdoba.
- Avanzar en la redacción y publicidad de protocolos de actuación de prácticas policiales, respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos.
- Mejorar la información sistematizada sobre el estado de las causas penales y suspender de las tareas operativas a quienes se encuentren imputados/as[9].
- Producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público sobre el funcionamiento de las policías.
- Revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento que apunten a la profesionalización y a la utilización de la fuerza letal como recurso de última ratio.
- Solicitar a la Legislatura provincial la creación normativa de un mecanismo local contra la tortura, necesario para integrar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (Ley 26.827) .
[1] Fuente: Capítulo “Policía y Política de Seguridad”, del Informe Mirar tras los Muros 2016-2017, elaborado por docentes de la casa (Plaza, Morales, Brocca) (inédito)
[2] La Voz del Interior 26/12/2018: https://www.lavoz.
[3]https://www.lavoz.com.ar/
[4] https://www.lavoz.com.ar/
[5]https://www.cba24n.com.ar/
[6] https://www.cba24n.com.ar/
[7] https://www.cba24n.com.ar/
[8] La poderosa; Mesa de DDHH Córdoba- Comisión Violencia Institucional; Confluir; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Córdoba; Asociación Pensamiento Penal Córdoba; Justicia Legítima Córdoba; Sub Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba; Fundación UMEP; Org. Indígena EPI-KAMBA; SEHAS; Observatorio de la situación de salud, socioambiental y económica de niños, niñas y adolescentes (Sierras Chicas).
[9] Con ello nos referimos a que desde el PE se reglamente el no cumplimiento de tareas operativas en la calle mientras dure el proceso, ya que en el caso de Valentino Blas Correa, como en otros casos anteriores como lo fue el caso de Were Pellico, los agentes imputados tenían causas en proceso por mal desempeño en sus funciones.