Tipo

Formar

Director/a

Echavarri Leticia

Intengrantes

Int. responsables

Yoma Solana María

Int. consultores académicos, en formación y colaboradores

Bertazzi Luciana
Bertoloni María Emilia
Bianchini Natalia
Bustos Daniela Soledad
Campos Sosa Florencia Rocío
Cristini    María Romina
Dalbano Mariela
Echenique Dolores María
Espeche María Catalina
Lenardon Silvano
Montenegro Mandes Ramiro Agustín
Pelegrina Ulises
Pérez Florencia 
Rodríguez González Agustín Ezequiel
Tossolini Celeste Valentina
Varela Agustina
Yanniccari Matías

Resumen

El principio de participación se constituye en un estándar que exige que los Estados establecer canales y mecanismos estables y permanentes de participación social en la formulación, implementación y monitoreo de sus políticas, especialmente de aquellas personas a las que están directamente dirigidas las mismas y que incluyan a sectores con desigualdades históricas para acceder a vías de participación formal (OEA, 2011). En Argentina operó en el transcurso del Kirchnerismo un salto cualitativo en el proceso de institucionalización del principio de participación, lo que se vio reflejado en una proliferación de dispositivos en diversos campos de intervención estatal, con un marco institucional consolidado y en muchos casos con un respaldo legal que otorgaba garantías a su sostenimiento y expansión. Sin embargo, y a partir del cambio de gobierno con la alianza Cambiemos, resulta un desafío considerar las características que toma la participación ciudadana en los mecanismos formales ofertados por el Estado, en el marco de las reconfiguraciones que este gobierno se encuentra imprimiendo a las políticas públicas en sus diversos ámbitos y niveles. Bajo el marco expresado, e inscriptos en el Paradigma Interpretativo Comprensivo de abordaje, bajo metodologías cualitativas, con especial énfasis en la tradición de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), el presente proyecto se orienta a comprender las configuraciones que adquieren los dispositivos de participación en las políticas orientadas a nuevos sujetos de derecho (Niñez, Salud Mental, Género y Nueva Economía Social) en el contexto de las transformaciones estatales actuales. Esto, al menos en tres dimensiones vinculadas entre sí: a) la arquitectura estatal, en tanto conjunto de leyes, procedimientos, organismos y organizaciones territoriales y sectoriales que los componen. b) lo imaginario estatal, entendido como el conjunto de significaciones centrales (instituidas/instituyentes) que se encuentran en circulación al interior de los mismos. Esta dimensión, supone optar por una perspectiva que se guía por lo imaginario/ficcional (Castoriadis, 1985; Tausig, 2005; Bourdieu, 2014); recurriendo además entre otras, a las categorías teóricas de selectividad estratégica y comunidad política imaginada (Jessop, 2002, 2009; Anderson, 1993). Y c) la correlación de distintas fuerzas establecidas entre los diferentes actores y grupos que las portan.

Aprox. ODS

O-16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Palabras clave

Política pública, Enfoque de derechos, Participación