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Pronunciamiento sobre la situación de los asentamientos y barrios populares en el marco de la emergencia del COVID19

La pandemia del COVID-19 desnuda las profundas e injustas desigualdades socioterritorialesen nuestro país; y los barrios populares /asentamientos/ villas son una cruda expresión de este proceso que tiene raíces estructurales. En la provincia de Córdoba la situación habitacional presenta mayor gravedad con relación a la media nacional,   comprendiendo a medio millón de hogares (499.317) y con una evolución marcadamente negativa en la precarización habitacional estando comprendidos el 48,4% de la hogares cordobeses con el predominio de los déficits cualitativos (precariedad constructiva y hacinamiento), las serias dificultades de acceso a la tierra con el 11,5% de los hogares en asentamientos informales/ barrios populares, y el 21,45% de los hogares alquilan (10% superior a la media nacional), y como contracara la existencia de 148.857 viviendas desocupadas y las ofertas de suelos sobrevaluadas[1].

Según el RENABAP, se registran en el territorio provincial 194 barrios populares, en las que se estima habitan 24.683 familias. Los/las pobladores/as no disponen de servicios públicos esenciales:  el 95% no cuenta con conexiones formales de agua, el 99% no cuenta con cloacas y el 65% no cuenta con redes seguras de energía eléctrica (según datos de TECHO del año 2016, el 55% de los barrios declaraba el uso de energía eléctrica para la calefacción), servicio de transporte, etc y lo que no es esencial pero se ha vuelto prioridad que es la conexión a internet.Las condiciones de habitabilidad de las viviendas se caracterizan por el hacinamiento y precariedad constructiva y de equipamiento, se suman a la precariedad ocupacional o el trabajo en la economía popular (según el RENABAP, en las barriadas populares, sólo el 13% de lo/as adulto/as económicamente activo/as tienen empleo registrado y más del 60% están en situación de vulnerabilidad laboral), y hay fuerte dependencia para la reproducción cotidiana de estrategias colectivas y recursos institucionales públicos (comedores, merenderos, escuelas, centro comunitario, etc), no siempre disponibles en los territorios.

En estos territorios el cumplimiento de las medidas de prevención ante el COVID 19 y el el aislamiento social y preventivo, es un desafío enorme, cuando no una exigencia casi imposible.  Para sostener el aislamiento los/as pobladores de barrio populares han realizado esfuerzos inimaginados y con trabajo colectivo dan respuesta a las necesidades más urgentes de alimentación y cuidados, agudizadas con la crisis socio sanitaria. Al ser centralmente mujeres quienes sostienen el trabajo de cuidados en casa y en el barrio, son las que sufren un mayor impacto.

El rápido avance del COVID 19 en villas y asentamientos populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las muertes de referentes de estos territorios, a causa del virus, como Ramona Medina que murió reclamando agua potable para su barrio, visibilizó una realidad que tiene también su expresión local.   Esto y el reciente diagnóstico de infectados en Bajo Pueyrredón en la ciudad de Córdoba, renueva la preocupación y la demanda de políticas públicas integrales para el abordaje de las múltiples vulneraciones de los derechos humanos de sus pobladores.    

Consideramos que las acciones implementadas por el gobierno provincial, a través del Centro de Operaciones de Emergencia, desde una perspectiva sanitarista no son suficientes para prevenir y contener la expansión de la pandemia y el cuidado de la vida de los habitantes de los barrios/ villas /asentamientos populares. En este sentido, son necesarias políticas públicas orientadas al abordaje integral, intersectorial (con articulaciones entre las jurisdicciones municipal, provincial y nacional) y desde un enfoque de derechos que persigue la creación de condiciones dignas de habitabilidad

En relación a las condiciones habitacionales, urge desarrollar obras que garanticen: la provisión de servicios: agua potable a los/las pobladoras, calles, alumbrado y energía eléctrica, de gas y conectividad a internet;acceso a la tierra y la vivienda: construcción de barrios, sesión de terrenos donde están asentados los barrios de forma segura jurídicamente; mejoramiento de viviendas: ampliación para afrontar el hacinamiento, condiciones sanitarias y equipamiento para las  viviendas (mobiliario básico: mesas, camas, colchones, etc);equipamiento comunitario: salón para desarrollo de actividades colectivas (comedor, merendero, espacios para recibir donaciones, etc), mejoramiento de instalaciones de centros de salud (lugares para atención adecuada y mixta), espacios públicos verdes/recreativos en condiciones, espacios donde salir a caminar, jugar, realizar actividades deportivas, en especial, para niñes y jóvenes estos espacios son centrales, y el cumplimiento de la prohibición de desalojos y congelamiento de alquileres. Cabe destacar, que estas demandasse enmarcan enlegislaciones vigentes como la Ley Nº 27453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración socio urbana y del Decreto 320/20. 

La participación de los/as pobladores en el diseño de programas y acciones para resolver este situación es central, al igual que la gestión y producción del hábitat. Muchas organizaciones cuentan con una amplia trayectoria y saberes en torno a la producción de materiales, construcción, y saberes sobre las formas comunitarias de organizarse para el trabajo. Esto seguramente requiere de pensar en equipamiento que posibilite a estos actores un desempeño protagónico en el mejoramiento de las condiciones habitacionales en sus territorios que al mismo tiempo impacte en la economía familia.

Desde el Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales PEDIMOS una rápida intervención desde las políticas habitacionales de la provincia para con programas de acceso a la tierra y la vivienda, provisión de servicios esenciales (agua y energía eléctrica) y de materiales y equipamiento para aquellas familias con viviendas en mayor condición de precariedad (reactivación y mayor disposición de recursos para mejoramiento de las viviendas, por ejemplo, el Programa Vida  digna) y PROPONEMOS: la creación de una mesa donde se discutan y diseñen de forma multiactoral los programas a desarrollarse poniendo en un lugar privilegiado a las organizaciones y las/los pobladores de los barrios/asentamientos populares. Como Universidad desde diferentes ámbitos acompañamos los procesos de producción social del hábitat, nuestros saberes, diagnósticos y experiencia de trabajo con otros actores serán un aporte que ponemos a disposición de las autoridades.

Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, AMMAR (Asociación Mujeres Meretrices de Córdoba), Asociación Civil La Minga, Asociación de Pensamiento Penal Córdoba, ATTTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina Filial Córdoba), Barrios de Pie, Campaña por el derecho al Aborto, Casa Pueblo Yapeyú, Católicas por el derecho a decidir, CECOPAL (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal), Centro Cultural Villa El Libertador, Centro Vecinal Alberdi, CISCSA (Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina), Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos, Colectivo Ni una Menos, Comisión de Derechos Humanos Sindicato Luz y Fuerza, Comunidad, Comechingón urbano del pueblo la Toma, Comunidad quisquisacate - Curaca Lino Acevedo, Confluir Usuarixsen Acción por el Derecho a la Salud Mental, Cooperativa de trabajo COTEIN, Coordinadora de barrios, Coordinadora de Sierras Chicas, CTEP (Confederación  de Trabajadores de la Economía Popular), Emprendedoras del Sur, Familiares de Detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, Federación de estudiantes  secundarios (FES),Feria Plaza Alem, Fundación Educativa y Cultural. Pueblo Nuevo, Fundación UMMEP (Un Mundo Mejor Es Posible), H.I.J.O.S, IFICOTRA (Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo), Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Interferia, Intersindical mujeres, Jóvenes al Frente, La Poderosa, Las Alicias(Partido Socialista), La Colectiva, Mesa de Derechos Humanos CBA, Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, Movimiento Campesino Córdoba, MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos - Patria Grande), OBRAS (Organización barrial de Relevamiento y actividad social), Organización de Inmigrantes Andinos de la  provincia de Córdoba (ODMACOR), Por la patria grande.  Agrupación de ex presos políticos Córdoba, Red ciudadana Nuestra Córdoba, Red de Centro de Estudiantes Sierras Chicas, S.e.A.P. (Servicio a la Acción Popular), SEHAS (Servicio Habitacional y de Acción Social), SERVIPROH (Servicio de Promoción Humana), Unión de Colectividades de Inmigrantes deCórdoba, Vecinos unidos por el medio ambiente, Encuentro de Organizaciones (EO), Organización Indígena EPI-KAMBA, Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas Niños y Jóvenes.

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