15 / Noviembre / 2019
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC mediante el Consejo Social y en el marco del Mes del activismo de los Derechos Humanos invita a la
Conferencia de prensa
Por un mecanismo local contra la Tortura en Córdoba
Se solicitará a los/as legisladores/as provinciales electos la inmediata creación de un Mecanismo Local contra la Tortura, a través de un documento acordado por numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos y espacios universitarios.
Jueves 21/11 a las 10.30 hs
En el local de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba (Santa Fe Nº11).
Programa:
- Apertura. A cargo de Gustavo Tissera, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba.
- Presentación de los aspectos técnicos y normativos vinculados al Comité Nacional de Preveción de la Tortura (CNPT). A cargo de la FCS.
- Lectura del documento. A cargo de las organizaciones.
- Exposición de las vulneraciones de derechos humanos en contextos de encierro por parte de las fuerzas de seguridad. A cargo de las organizaciones vinculadas a la problemática.
Leer acá el documento "Por un mecanismo local contra la tortura en Córdoba" y adhesiones
¿Qué es un mecanismo local contra la Tortura? Aportes normativos
Se trata de un organismo de control con participación de la sociedad civil e independiente de los poderes del Estado que debe ser creado por el poder legislativo provincial, y responde a una obligación normativa nacional e internacional, plasmada en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Esta norma internacional crea el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura (SPT) en el ámbito de las Naciones Unidas y obliga a los estados parte a establecer órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En cumplimiento de este mandato, nuestro país promulgó -en enero de 2013- la Ley 26.827; que prevé y regula la conformación de un “sistema” integrado por las instituciones que se designen a nivel provincial (art. 32), la Procuración Penitenciaria de la Nación y dos organismos a crearse en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura (Ley 26.827). Este Sistema de Prevención de la Tortura procura humanizar el sistema de detención y alojamiento de las personas privadas de la libertad por causas judiciales, psiquiátricas, o de edad mayor En el marco de este mandato, el CNPT realiza inspecciones periódicas no anunciadas a lugares donde se encuentren o puedan encontrarse personas privadas de libertad; recolecta información de fuentes públicas y mantiene reuniones y entrevistas con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil; realiza recomendaciones a los tres poderes del Estado nacional y provinciales tendientes a erradicar, detectar, sancionar y prevenir la tortura y los malos tratos, reparar y rehabilitar a las víctimas.
La creación de un Mecanismo Local entonces es necesaria para la prevención de la tortura y los malos tratos en los lugares de detención de la Provincia de Córdoba y para integrar a nuestra provincia al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pese a diferentes iniciativas en estos últimos años, aún no se logró la sanción de una ley provincial que lo cree[1].
La situación de Córdoba hoy: la urgencia de la creación del mecanismo local
Tal como lo expuso el Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Nils Melzer en la visita oficial a la Argentina entre el 9 y el 20 de abril de 2018, la situación en Córdoba es preocupante, ya que “la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso” (2018: 10).
En particular, en nuestra provincia esto se vio agravado en los últimos años por los casos de público conocimiento de muertes en contextos de encierro, que dieron lugar a una nueva crisis penitenciaria durante este año y de las múltiples denuncias de vulneraciones de DDHH expresadas por familiares y organizaciones.
Particularmente, el 2019 arrancó con cuatro muertes en menos de dos meses[2], que sinceraron del peor modo la crisis del Sistema Penitenciario de Córdoba, sobre todo en la cárcel de mujeres. La trama de cada caso más allá de las versiones oficiales y las denuncias de familiares y presas/os van desde denuncias de existencia de celdas de aislamiento, camas de sujeción, brutales golpizas, traslados compulsivos, entre otras prácticas de maltrato que dan cuenta de la negligencia penitenciaria y las pésimas condiciones en los servicios como el de salud. Los tratos inhumanos, las condiciones insalubres y el hacinamiento son parte de esta cadena de irresponsabilidades que el Estado no debiera permitirse, y que tienen como punto culminante las muertes de internos/as por falta de atención médica o por suicidios. En cualquiera de los casos, estamos frente al abandono, la negligencia y el maltrato sistemático.
El crecimiento de la población carcelaria aparece hoy como un tema de preocupación, incluso para las autoridades. Según el ministro Farfán, “de 2006 a 2015, la población carcelaria (en la provincia) aumentó de 300 a 400 presos por año y hubo periodos negativos, es decir, en los que la población no aumentó, sino que disminuyó. Desde 2015, se disparó a mil ingresos por cárcel”.
Por otra parte, el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad constituye una preocupación de las organizaciones y los organismos de control. El presente año arrancó marcado por estos casos: entre noviembre del 2018 y marzo del 2019[3], se produjeron cuatro muertes por disparos policiales hechos similares. Estos datos se enmarcan en un contexto de crecimiento de la letalidad de fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba: en los años 2016 y 2017 murieron un total de 35 personas por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad con asiento en el territorio provincial[4] . Más allá de las diferentes versiones (las fuentes oficiales aluden a enfrentamiento con supuestos delincuentes, pero los familiares y vecinos denuncian arbitrariedad y abuso en el uso de la fuerza) lo que no interesa resaltar es que estas muertes no constituyen casos aislados sino que forman parte de un conjunto de prácticas institucionales que van desde el hostigamiento policial hasta la tortura sistemática de jóvenes de sectores populares de nuestra provincia. Son el exponente de una política de seguridad de hostigamiento policial permanente sobre los y las jóvenes de sectores populares, ya que el uso letal de la fuerza por parte de agentes de fuerzas de seguridad.
Las re-victimizaciones constantes a la que son expuestos los familiares tras la vivencia de un caso de violencia policial y/o institucional, especialmente el descrédito de las propias versiones familiares sobre lo ocurrido, los niveles de crueldad del tratamiento dado a las víctimas, las amenazas que atraviesan a lo largo de todas las instancias de demanda de justicia, los abusos policiales que continúan luego de que estas muertes toman carácter público, las enormes dificultades para transitar procesos de burocracia administrativa formal; nos llevan a sostener la importancia de organismo que acompañe estos procesos.
Las denuncias de maltrato y torturas también se extendieron a lo largo del año en otros contextos de encierro no penitenciarios. A las denuncias de años anteriores respecto a golpizas, violaciones y muertes negligentes en el Complejo Esperanza[5], se sumaron las denuncias de maltrato en Hospital de Salud Mental de Oliva.
Desde hace varias años, los colectivos por el derecho a la salud mental, distintas organizaciones gremiales, de la sociedad civil y sobre todo los/as trabajadores/as del Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva vienen denunciando las violaciones a los derechos humanos y los incumplimientos de la ley de salud mental que suceden en esta institución. Sostienen que está produciendo un desmantelamiento de la Red provincial de salud mental, ya que se restringe la entrega de la medicación a los hospitales generales y a los centros de salud de la red. Esta acción debilita las acciones de externación y seguimiento de los usuarios lo cual pone en riesgo los procesos de externación y de evitación de las internaciones. Respecto a la situación de los/as usuarios/as: se denunciaron casos de muertes no investigadas (se denunciaron al menos un muerto por TBC en 2017 y 4 muertes por neumonía en el 2018); traslados compulsivos de pacientes, la restricción que les realizan del manejo de dinero y del acceso a sus historias clínicas. Consideramos que estos numerosos y públicos reclamos no fueron escuchados por la actual conducción de la Secretaría de Salud Mental y tampoco por las autoridades del Ministerio y por ello también un organismo que pueda relevar lo que sucede en estas instituciones de encierro se presenta como urgente.
Más información y contacto: seguridadyddhh@fcs.unc.edu.ar
[1] Nos referimos a las jornadas organizadas por la UNC “Aportes para la creación de un mecanismo de prevención de la tortura" (2014) y la Campaña «Córdoba Contra la Tortura» (2017) que se trató de una iniciativa promovida por 40 organizaciones que vienen trabajando desde hace tiempo, que articularon la presentación de un proyecto de ley con el legislador provincial Martin Fresneda.
[2] Nos referimos a las muertes de Elsa Medina, interna de la cárcel de mujeres de Bouwer, falleció el 2 de febrero a la madrugada, luego de ser asistida en el Hospital Misericordia y trasladada nuevamente al penal. Janet López fue encontrada sin vida el 22 de febrero. Según el Servicio Penitenciario, se trató de un suicidio. El equipo médico realizó las maniobras de reanimación, pero fueron infructuosas. Elisa Vanesa Castaño apareció ahorcada en su celda, el 17 de marzo. La versión oficial indicó que también se trató de un suicidio. Luis Alberto Guevara murió encadenado a su cama, el 20 de marzo. Tenía toxoplasmosis desde que nació y en el establecimiento penitenciario le negaron el tratamiento. Fuente: https://latinta.com.ar/2019/04/crisis-carcelaria-cordoba-atroz-estado-punitivista/
[3] El primero de ellos, ocurrido a fines de diciembre con la muerte del carrero Víctor Soria (dirigente social), incluso tiene el condicionante de que la versión de los efectivos intervinientes, de un robo y posterior tiroteo, fue siendo descartada judicialmente. Después, un par de hechos en Camino Interfábricas, de la capital, y en Malvinas Argentinas, completaron las situaciones. Fuente: https://www.cba24n.com.ar/cordoba-en-menos-de-dos-meses-hubo-cuatro-muertes-de-disparos-policiales/
[4] Fuente: Capítulo “Policía y Política de Seguridad”, del Informe Mirar tras los Muros 2016-2017, elaborado por docentes de la casa (Plaza, Morales, Brocca) (inédito)
[5] Se trata del establecimiento donde se alojan aprox. 200 adolescentes en conflicto con la ley penal y que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).