05 / Mayo / 2021
El 8 de mayo de 1987, policías de Ingeniero Budge asesinaron a balazos a tres jóvenes en una esquina de ese barrio. Al hecho se lo llamó “Maldita Policía” y puso en la escena política y pública el “Gatillo Fácil”. Por la demanda social, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley 26.811 que instituyó a esa fecha como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Las prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios y funcionarias pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad se considera Violencia Institucional. Estas prácticas y procedimientos son rutinarios y en su mayoría están respaldados normativamente.
Las organizaciones sociales junto a familiares son las que registran, visibilizan y denuncian diferentes situaciones a las que denominan hostigamiento policial, logrando que esas prácticas abusivas y represivas de las fuerzas de seguridad tomen notoriedad pública y ocupen agenda en los medios de comunicación.
En la pandemia, en el 2020, hubieron al menos 10 casos de violencia policial letal:
En Capital:
- Villa la Tela, Gastón Miranda (27 años)
- Villa Adela Fabián Perea (28 años)
- San Lorenzo, Franco Sosa (23 años)
- Los Paraísos, Osvaldo Velázquez (34 años)
- Villa Libertador, José Ávila (35 años)
- Nueva Córdoba, Valentino Blas Correas (17 años)
- Colinas del Cerro, Isaías Luna (18 años)
- San Martín, Carla Anabell Oviedo (30 años)
En el interior:
- Paso Viejo, dpto de Cruz del Eje, Joaquin Paredes (15 años)
- Alta Gracia, Luis Morenigo (36 años)
Algunos de estos casos fueron presentados como enfrentamientos por supuesto intento de robo, como confusos casos de control vehicular o balazos “accidentales”, sin embargo, no se tratan de hechos aislados. En función de lo analizado en el Relevamiento realizado por nuestra Facultad, se remarca la preocupación respecto a la extensión y profundización de las prácticas de hostigamiento policial durante la pandemia.
Estas prácticas también afectaron la situación de las personas privadas de libertad en general. El hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad de las cárceles, la falta de insumos básicos, las dificultades en el acceso al sistema de salud, en la comunicación de presos y presas con sus familiares y allegados, así como las dificultades que atravesaron para el acceso a la justicia o, al menos, la comunicación con los operadores judiciales, todo eso constituyen condiciones estructurales que favorecen las prácticas sistemáticas de violencia institucional.
Esta violencias también son recurrentes en los institutos dependientes de la SENAFque alojan jóvenes en conflicto con la ley penal y en las instituciones de salud mental.
Es por ello, que el Programa de Extensión Seguridad y derechos humanos y desde la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Social de la FCS se propone::
- Insistir en la urgencia de contar con órganos de control ante la situación de las personas privadas de libertad en Córdoba.
- La inmediata creación normativa de un mecanismo local contra la Tortura, retomando un reclamo histórico de las organizaciones de Córdoba que ya lleva más de 10 años en espera.
- En articulación con el Poder Judicial, crear un fuero especializado en violencia institucional (defensoría y asesorías para las víctimas y fiscalía).
- Reactivar la mesa de expertos y expertas y organizaciones para la elaboración de un nuevo régimen penal juvenil y que se establezcan políticas públicas no represivas, hacia jóvenes que infringen ante la ley penal
¡Queremos decirle basta a la violencia institucional y al abuso represivo de las fuerzas de seguridad!
“Si matan a lxs pibxs, matan el futuro”
Participantes:
- Gladys Canelo - Organización EPI-KAMBA de Pueblos Indígenas
- Julio Pereyra - La Poderosa
- Magdalena Brocca - Asociación Pensamiento Penal Capítulo Córdoba
- Valeria Plaza - Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Agustina Zunino- Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Jorge Perano - Justicia Legítima
- Natalia Danieli - Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Alfredo Seydell - Coordinador de la Sub Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
- Susana Morales - Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Antonella Pestoni - Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Christian Herrera - Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Claudia Bilavcik - Equipo técnico Comisión Seguridad y DDHH del Consejo Social FCS
- Maria Morillo - Confluir. Presidenta del Consejo Consultivo Nacional de Salud Mental
- María Laura Piedrabuena - Equipo Seguridad y Derechos Humanos FCS
- Lyllan Luque - Abogada y militante DDHH. Reconocimiento Emi D´Ambra a la Labor Social y Política 2020 de la FCS
- Ana Illiovich - Psicóloga, sobreviviente de La Perla
- Julia Piazzi - Equipo técnico Comisión Seguridad y DDHH del Consejo Social FC
- Maria Laura de Pablo - Centro de Estudiantes FCS
- Andrea Torrano - Docente FCS e investigadora CIECS CONICET
- Magdalena Siderides - Nodocente FCS, integrante de la Comisión Interclaustro de DDHH
- Vanesa Garbero - Docente FCS, integrante de la Comisión Interclaustro de DDHH
- Manuel Castillo Soro - Estudiante FCS, integrante de la Comisión Interclaustro de DDHH
- Roberto Martinez- Nodocente, integrante de la Comisión Interclaustro de DDHH