12 / Octubre / 2023
El día lunes de octubre, el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Juan Manuel Irrazabal, y decana de la Facultad de Ciencias Sociales María Inés Peralta, firmaron un convenio entre ambas instituciones para la ejecución de la segunda etapa del proyecto “Registro y monitoreo participativo sobre situaciones de malos tratos o tortura en la provincia de Córdoba”.
El proyecto se desarrollará hasta abril del 2024 y se implementará en articulación con organizaciones sociales. Se propone la realización de talleres en donde el producto sea la elaboración de un registro por los lugares de encierro (penitenciario y de salud mental) y por actor interviniente (fuerzas de seguridad provinciales) en torno a las situaciones de malos tratos o tortura en la provincia de Córdoba. En una segunda etapa se prevé un monitoreo sobre esas prácticas diagnosticadas, realizado por los y las sujetos organizados que las padecen y la conformación de un equipo de seguimiento y acompañamiento de dicho monitoreo.
Está dirigido a cuatro (4) grupos vulnerables, diferenciando por lugar o contexto en el que padecen situaciones de malos tratos y/o tortura.
- violencia policial (en particular aquellas prácticas contra jóvenes de sectores populares, trabajadoras sexuales, comunidad LGTTTBIQ+)
- malos tratos y torturas en contextos carcelarios
- malos tratos y torturas en contextos de instituciones de salud mental.
La coordinación del proyecto está a cargo de la Dra. Valeria Plaza Schaefer y el equipo de trabajo está integrado por docentes e investigadores y becarios de nuestra Facultad como integrantes de la Facultad de Psicología y del Museo de Antropologia (Núcleo de Antropología de Violencia, Muerte y Política (Idacor - CONICET): Susana Morales, Rafael Carreras, Alicia Miranda, Jacinta Burijovich, Nicolás Giménez Venezia, Magdalena Brocca, Macarena Roldan, Antonella Pestoni, Agustín Villarreal y Nahuel Blázquez.
Se trata de una segunda etapa de ejecución, en continuidad con un proyecto ejecutado durante el 2022, en el que se trabajó con más 12 organizaciones sociales: La poderosa, Abriendo la Cancha, Red puentes, FOB (Frente de organizaciones de base), EAC- Equipo de Atención Comunitaria de salud mental, Coordinadora de Familiares de víctimas de gatillo fácil, Familiares y amigos de detenidxs, víctimas de tortura y muertes, Autoconovocados por los derechos humanos y anticarcelarios, RAJAP- Red Argentina de Jovenes Positivxs, A.T.T.T.A. Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, Mumala Cordoba, Rayos- Deportes Disidentes.
En esta etapa se sistematizaron las violencias estatales identificadas en el contexto de Córdoba en función de dos criterios: por la gravedad: violencia institucional letal (homicidios policiales); prácticas “graves” denunciadas o denunciables penalmente (lesiones); hostigamiento policial y/o prácticas paralegales o de dudosa legalidad; por la condición de la víctima: jóvenes varones de sectores populares: organizados y no organizados; de acuerdo al género: violencias dirigidas a mujeres (parejas), trabajadoras/es sexuales, hostigamiento a jóvenes mujeres: población LGTB: colectivo trans (sobre todo a trabajadoras/es sexuales), hostigamiento a identidades no heteronormadas; comunidades originarias: conflictos territoriales; usuarios/as de salud mental y/o consumidores de estupefacientes.
En función de estos criterios, y teniendo en cuenta la viabilidad de acceso al campo en relación al vínculo previo con organizaciones sociales nucleadas en esas temáticas es que se construyó el insumo del diagnóstico participativo por grupo vulnerabilizado, que fue presentado a las organizaciones y a la comunidad educativa en general en mayo del corriente año.
