04 / Agosto / 2020
El viernes 3 de julio se realizó el conversatorio "La violencia institucional en el marco del aislamiento social y obligatorio” con la participación aproximada de 70 personas. Fue un diálogo muy interesante de dos horas entre panelistas. Por la extensión de las exposiciones, hubo poco tiempo para el intercambio entre asistentes pero se planteó la posibilidad de otras instancias de este tipo a futuro.
Los asistentes en gran parte fueron de Córdoba (organizaciones que integran el consejo social y no, familiares de víctimas de gatillo fácil, académicxs y docentes y estudiantes de la facu), y de otras provincias en menor cantidad (pcia de Bs As, Jujuy, Salta y Santiago del estero). Por un lado, se planteó la necesidad de articulación entre provincias (sobre todo en relación a la producción de datos y construcción de diagnósticos locales coordinados) y por otra parte, se enunciaron posibles líneas de trabajo entre organizaciones sociales y la facultad a futuro a nivel provincial.
En ese marco, Manuel Tufró (Director Área Justicia y Seguridad del CELS) expuso acerca de las diferencias que encontraron a nivel país de los primeros días del aislamiento y esta segunda etapa, donde aparecen casos más graves de violencia institucional, ya no necesariamente vinculadas con la pandemia y la no circulación (concretamente hizo referencia a los casos de violencia letal y heridas graves en varias provincias). En eso, planteó interrogantes en torno a cómo fue mutando el modo policial, que relación tiene eso con la cuestión carcelaria y el conflicto con la cuestión carcelaria. Finalmente hizo referencia a la cuestión de las "nuevas" interacciones policiales de sectores medios, y como eso también está relacionado con sensibilidades y/ puesta en agenda de los casos mediáticos, como EEUU y el planteo renovado de "sentirse víctima" privado de derechos.
Por otra parte, Federico Medina, Becario Postdoctoral CONICET. Integrante del Equipo de Estudios Socio-Jurídicos en Derechos Humanos del INDES (FHCSyS/ UNSE – CONICET- Santiago del Estero) planteó las características del proyecto de relevamiento de prácticas policiales que están desarrollando en centro de CONICET entre provincias del NOA. Relataron las condiciones (y las relaciones con casos anteriores) de los casos de violencia letal en el marco de la pandemia. Expresaron preocupación en torno a los "paseos" policiales en móviles oficiales y no, y que estas prácticas se recrudecieron con la ausencia del funcionamiento del poder judicial en pandemia.
En relación al caso Córdoba, expusieron Valeria Plaza, Coordinadora Programa Seguridad y DDHH FCS UNC; Jessica Vega de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba; Julio Pereyra, comunicador de La Garganta Poderosa y Serena Plaza, Referenta de la Asamblea Cortaderos.
Además de presentar los antecedentes y objetivos del informe, se presentó por un lado el contexto en donde estas prácticas se desarrollan (caracterizando brevemente el período en la provincia en los últimos 10 años), y planteando cuestiones de agenda de trabajo conjunto entre organizaciones sociales y espacios académicos: construir datos unificados; fortalecer y generar mayores posibilidades de articulación con el poder judicial -encargado de controlar el poder policial- y potenciar el control popular de las fuerzas de seguridad.
Finalmente María José Castillo y Josue Diaz Cueto, abogadxs de HIJOS y Asociación Pensamiento Penal (Salta), presentaron los puntos claves del informe local que recientemente presentaron antes autoridades provinciales y nacionales, y los alcances de esas instancias (un habeas corpus solicitando la derogación de una resolución provincial). Plantearon la inconsistencia de la violencia y brutalidad policial en torno a la acciones y represión emprendida (por ejemplo en el caso relevado de un joven sin barbijo que es disparado de cerca con balas de goma y que ya perdió la visión total de un ojo).