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Este lunes 6 de junio, las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Humanidades presentaron, en el Museo Antropologías de la UNC, el Informe Preliminar interdisciplinario “Casa Bamba”: Vulneración de Derechos y patrimonio histórico-cultural y natural en peligro. El informe da cuenta de la situación crítica que viven les habitantes de esta comunidad serrana, afectada por la decisión de la empresa minera Mogote, que decidió obstaculizar el único camino público para ingresar al lugar.

"Con estas batallas nos fortalecemos"
Les habitantes denunciaron esta situación en la justicia, en defensa de sus derechos, por afectar la salud, la educación, el trabajo, la circulación y poner en riesgo la vida de sus habitantes, durante los últimos incendios forestales. 
Autoridades municipales de La Calera y provinciales, hasta el momento, no han evitado que esta empresa avance en su proyecto de explotación para llevar a cabo una cantera en una zona clasificada como Zona Roja. Es decir, de máxima protección por la Ley provincial de Bosque Nativo, además de ser una reserva hídrica, recreativa y arqueológica. "Con estas batallas públicas nos fortalecemos", expresaron les vecines de Casa Bamba.

El Informe fue elaborado por el Equipo Interfacultades Extensionista-Territorio Casa Bamba que integran docentes, investigadores/as, estudiantes y equipo de gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades: José María Bompadre, César Marchesino, Nicolas Rabboni, Gilda Collo, Carina Tumini, Eliana Lacombe y Guido Negruzzi (FFyH), Mayra Peña Barberón, Miguel Genti y Mariana Gamboa (FCS). 

En la presentación participaron les habitantes Silvia Flamini, Julio Barrionuevo y Darío Hidalgo, junto al abogado Joaquín González; y moderó César Marchesino. 

“En 2019 la empresa puso un portón que cortaba el camino público de acceso a nuestro pueblo. Al principio dejaban pasar a los pobladores y sus allegados, pero no a los turistas que son nuestra fuente de ingresos. Así, lo primero que hicieron fue empobrecernos. Luego también pusieron restricciones al paso de nuestros allegados”, relató Flamini.

Lxs habitantes denunciaron esta situación en la Justicia, en defensa de sus derechos, por afectar la salud, la educación, el trabajo, la circulación y poner en riesgo la vida de sus habitantes durante los últimos incendios forestales.

Sin embargo, las autoridades municipales de La Calera y provinciales, hasta el momento, no han evitado que la empresa minera avance en su proyecto de explotación para llevar a cabo una cantera en una zona clasificada como Zona Roja. Es decir, de máxima protección por la Ley provincial de Bosque Nativo, además de ser una reserva hídrica, recreativa y arqueológica.

“Para defenderla hicimos un acampe, tenemos muchas victorias desde entonces. Pequeñas, pero muchas victorias. Han buscado amedrentarnos pero hace 4 años que el empresario no ha podido mover una piedra gracias a la resistencia. Son pequeñas batallas que nos han fortalecido y así protegimos miles de hectáreas de bosque nativo porque la empresa quiere bajar dos cerros con minería y también instalar un country”, dijo Julio Barrionuevo.

Por su parte el abogado Joaquín González puntualizó que el empresario minero Roberto Camarasa tenía la autorización para realizar un tipo específico y acotado de explotación, y lo que pretenden es ampliar la la escala del permiso sin tramitar la debida autrorización, con los estudios de impacto ambiental correspendientes. La empresa está avanzando por sobre los derechos ambientales y colectivos de los habitantes del lugar. En este sentido, dijo: «Ningún derecho individual puede ir contra un interés colectivo o del medioambiente», explicó.

Con la lectura pública de este informe se pretende dar a conocer la situación por la que atraviesa esta  comunidad, en cuanto a sus condiciones de vida y el impacto que generó la falta de acceso a partir del cierre del camino público.

Al respecto, el Informe señala: «Tanto los derechos ambientales, como los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos colectivos que se encuentran consagrados en nuestro ordenamiento jurídico mediante diversas normas. Es importante remarcar que de ninguna forma un interés privado puede ir en detrimento de los derechos de incidencia colectiva, tal como establece el Código Civil y Comercial de la Nación en su Art. 14».

El abogado agregó que la existencia de la comunidad en el lugar fue muy significativa para el recurso de amparo que presentaron a la Justicia. Además, puso en valor la calidad del Informe presentado: “El documento establece un estándar alto, en relación a los informes que se realizan de manera privada, que suelen estar condicionados por intereses privados, sin un trabajo interdisciplinario y que a veces resultan hasta inverosímiles. Este Informe y la acción de lxs compañerxs es clave para la defensa del territorio”.

Daños ambientales que causa la actividad minera

En relación a la actividad minera dentro de la zona de la Reserva y sus impactos, el Informe recoge datos de un documento realizado en 2005 por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted) para las canteras Diquecito y Cantesur inmediatamente al este del Paraje Casa Bamba, en el que se enfatiza el cambio geomorfológico asociado al paisaje, y una serie de efectos físicos, biológicos y sociale, que constituyen afectaciones graves desde una perspectiva sistémica.

Entre los efectos físicos detallan extensas superficies de explotación que son transformadas de manera irreversible: eliminación de las capas superiores del suelo, deterioro de la composición química del agua, contaminación acústica, daño en construcciones cuando las vibraciones por voladuras son excesivas, contaminación atmosférica por el polvo dispersado por las explosiones, como también por las emisiones de escape de vehículos, motores y vapores de las voladuras.

Además, la inestabilidad de los frentes podría producir desprendimiento de fragmentos de roca, como resultado del alto fracturamiento natural que presentan estas rocas por la exposición a los efectos de la meteorización.

Entre los efectos biológicos detallan: la eliminación de la cobertura de suelo con la consecuente destrucción de la flora en la zona de extracción, el desplazamiento de la fauna de su hábitat natural, afectación de los ecosistemas acuáticos por la alteración de la calidad del agua superficial y detalla que, en el caso de sistemas ecológicos frágiles, estos pueden ser degradados o destruidos.

Entre los efectos sociales se mencionan conflictos relacionados con el uso de suelos vinculados a economías locales o reservas arqueológicas potencialmente destruidas o afectadas por la actividad minera.

Mencionan además que la explotación minera genera polvo con alto contenido en sílice que suele incorporarse en el aire urbano creando condiciones perjudiciales de contaminación atmosférica para la población que vive en sus proximidades.

Ver informe preliminar