12 / Febrero / 2026
Mediante una propuesta elevada por la Dirección del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) y la Dirección y Coordinación Académica de la Especialización en Intervención Social en Niñez y Adolescencia, la Facultad de Ciencias Sociales se opone por Resolución Decanal al proyecto del Gobierno Nacional para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, en el contexto del proceso de desmantelamiento del sistema de protección de derechos, y la profundización de las condiciones de vulneración producto del empobrecimiento y ampliación de las desigualdades de las mayorías populares en nuestro país.
La oposición se debe a que el diagnóstico y los hechos a los que se apelan como argumentos son falaces, atenta contra Derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y es contrario a toda recomendación o sugerencia de otros organismos Internacionales.
El Proyecto del Gobierno Nacional dice abordar el problema del delito juvenil desde una perspectiva integral, al tiempo que asistimos a un proceso progresivo de desmantelamiento y cierre de las políticas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y una campaña de estigmatización de quienes requieren la presencia del Estado en la protección y mejoramiento de sus condiciones de vida.
Dicho Proyecto dice responder a la Constitución Nacional y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sin embargo, bajar la edad de la punibilidad y ampliar la actuación del sistema penal va en contra de esa afirmación.
El mismo propone un modelo retrógrado, basado en enfoques que ya fracasaron hace más de 100 años, agrava el actual sistema penal y retrotrae al paradigma tutelar y de judicialización de la pobreza.
Entre los argumentos que sostienen la propuesta de la reforma se apela a la existencia de bandas criminales que recurren a niños y niñas para cometer delitos, sin embrago omiten el hecho de que la captación por bandas criminales se realiza en zonas liberadas al narcotráfico y de retiro de las instituciones y autoridades estatales.
Es falaz que la ley actual impide la actuación judicial en situaciones en las se encuentran involucradas personas de menos de 16 años en una acción delictiva, y omite indicar de qué manera, bajar la edad de punibilidad contribuirá a combatir el delito en los países que lo hicieron.
La baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños.
En este sentido, la FCS reitera su preocupación por el desmantelamiento de Planes y Programas de atención a la niñez, adolescencia y juventudes, como así también el despido injustificado de trabajadores y trabajadoras de estas áreas, en tanto atenta contra la garantía y defensa de los derechos de esta población.