15 / Octubre / 2024
El Honorable Consejo Directivo de la FCS declara su profunda preocupación y repudio a la amenaza de despojo de los territorios ancestrales que enfrentan las comunidades indígenas Kyelhuk (Quebracho) y Oka Puckie (Mi Troja) - pertenecientes al pueblo wichí/weenhayek, ambas ubicadas sobre el kilómetro 5 de la ruta nacional N° 86 en Tartagal-, provincia de Salta.
Cabe mencionar que el derecho indígena a los territorios que esos pueblos habitan están reconocidos por la Constitución Nacional Argentina (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional), por marcos normativos nacionales y por normativas internacionales de rango constitucional, como la Declaración No 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen la preexistencia étnica, el derecho a la autoadscipción y a la propiedad comunitaria los territorios indígenas ancestrales.
En ese sentido, estas dos comunidades están amparadas por dichos marcos normativos y han sido relevadas por las disposiciones de la Ley Nacional N° 26. 160 de Ordenamiento Territorial y sus respectivas prórrogas, contando con las carpetas técnicas que reconocen expresamente la posesión tradicional, actual y pública de los territorios que habitan.
Sin embargo, han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la empresaria local Montserrat Tarres, quien busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades, que están integradas por mujeres, hombres e infancias.
Este proceso judicial tuvo un momento álgido en 2015, cuando, durante dos meses, la policía intentó desalojar a las familias de los territorios: en esa circunstancia, una mujer indígena mayor falleció y, meses más tarde, también su hija más joven, luego de dar a luz a dos bebés. Las comunidades resistieron esos meses en la ruta y luego recuperaron las tierras de hecho. A su vez, en diciembre de 2022, el niyat (cacique) de la comunidad Quebracho, Isaías Fernández, fue víctima de tentativa de homicidio cuando le dispararon en ocasión de una manifestación contra el alambrado que trataban de instalar en el territorio comunitario.
Frente a esa violencia, las comunidades responden de modo pacífico, por vías legales. A la vez que continúan protegiendo el territorio, cuidando la flora y fauna nativa, produciendo artesanías y transmitiendo saberes y memorias ancestrales.
En ese marco, y como parte de una trayectoria de defensa de los derechos de los pueblos indígenas por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, expresamos nuestro apoyo al reclamo de las comunidades e instamos al respeto de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Del mismo modo, entendemos que garantizar estos derechos territoriales de los pueblos indígenas constituye un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa y plural.
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