22 / Octubre / 2025
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Honorable Consejo Directivo, ha manifestado su profunda preocupación por la grave situación presupuestaria, salarial y estructural que atraviesa el sistema universitario público argentino.
En este sentido, reclama al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata promulgación e implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N° Ley N° 27.795 y rechaza enérgicamente cualquier intento de judicialización de dicha Ley como estrategia del Poder Ejecutivo Nacional para eludir su vigencia plena e inmediata.
La Universidad Pública, gratuita y de calidad no es una concesión, sino un derecho conquistado a través de luchas históricas. Hoy, ese derecho está bajo una amenaza sin precedentes, víctima de un proyecto político que busca activamente su desfinanciamiento y eventual desmantelamiento.
Entendemos que dicha política no es un mero ajuste fiscal sino una acción deliberada contra el pensamiento crítico, el desarrollo científico soberano y la movilidad social ascendente que la universidad pública se propone.
Las consecuencias del ahogo presupuestario son tangibles y alarmantes en nuestra comunidad, materializado en el deterioro de los salarios docentes y nodocentes ante el aumento en el costo de vida de las y los argentinos, y en el desmantelamiento de las políticas dirigidas a acompañar y sostener las trayectorias estudiantiles, todo ello contribuyendo a un proceso de expulsión silencioso.
Este ataque no sólo vació las aulas, sino que pone en jaque la continuidad del sistema científico nacional, fundamental para el desarrollo del país y para la construcción de una sociedad más justa. Una universidad desfinanciada es una universidad que no puede investigar, no puede generar conocimiento ni puede estar al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.
La propuesta de reclamo fue presentada por Consejerxs estudiantiles de la agrupación Alicia Euguren de la Facultad de Ciencias Sociales en relación a la necesidad de promulgar y poner en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, ampliamente respaldada por Cámara de Diputados, el Senado de la Nación junto a la ciudadanía en general que acompañó el reclamo de la comunidad universitaria.