Ante los recientes anuncios nacionales del gobierno encabezado por el Presidente Javier Milei la Facultad de Ciencias Sociales expresa su más profunda preocupación.
En primer lugar, es necesario señalar que en un estado de derecho no solo resulta válida la representación expresada por una mayoría electoral. Para el equilibrio político propio de una sociedad democrática las representaciones proporcionales que se expresan en el Congreso Nacional son primordiales, ya que es donde se expresan mayorías y minorías, de todas las provincias del país. En tal sentido, la prepotencia de la mayoría no puede anular las representaciones proporcionales y los debates necesarios que resultan necesarias en sociedades complejas como la argentina. No es posible construir acuerdos básicos de convivencia donde el que gana no respeta las reglas institucionales básicas vigentes.
Además, al tratarse de una iniciativa de tan amplio alcance estructurada a través de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), que por su contenido usurpa funciones propias del Congreso, viola el principio constitucional de división de poderes y, con ello, nuestro régimen político se orienta a un riesgo cierto de ejercicio autocrático del poder presidencial.
Por otro lado, una parte importante de los anuncios realizados atentan contra principios que hemos hecho propios como comunidad, y de modo más general que hablan de principios sustanciales de la democracia argentina. En este contexto, reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso con los derechos humanos, los feminismos, la defensa del ambiente, el territorio nacional y la lucha contra las desigualdades, en todas sus formas –sociales, culturales, económicas, laborales, educativas, entre otras-.
Si bien es claro que asistimos a una profunda crisis social y económica, profundizada en muchos de sus rasgos por las medidas del nuevo gobierno, estamos convencides que el camino planteado, orientado hacia la extrema liberalización de las relaciones sociales, laborales y económicas, que solo aseguran mayores libertades para los capitales, no es el camino de salida de esta crisis.
La orientación de Gobierno resulta nítida: favorecer los intereses de los grandes capitales concentrados perfilados a los mercados externos a costa de imponer enormes sacrificios a la mayor parte de la población como asalariados, trabajadores informales, empleados públicos, estudiantes, pequeños y medianos empresarios y clases medias urbanas.
Este panorama tan violento y complejo, se completa con el denominado protocolo antipiquetes, implementado por primera vez ayer en la ciudad de Buenos Aires. Como se pudo conocer y observar en el día de ayer, se trata de una iniciativa en el que el Estado implementa un ordenamiento policíaco con la prerrogativa de actuar sobre los ciudadanos bajo la mera presunción que se dirigen a una manifestación pública y pacífica y con plena predisposición a una dura represión sobre la protesta social.
Todo ello, solo comprensible de modo integral a partir de las medidas anunciadas por la noche y en un Gobierno cuyas acciones, hasta ahora, solo parecen pretender imponer una serie amplia de reestructuraciones sociales, económicas y culturales que buscan instalar, legitimar y naturalizar una sociedad profundamente violenta y desigual.
Instamos, por el contrario, a apostar a construir social y democráticamente las respuestas de salida a la crisis, asumiendo la necesaria desnaturalización de los escenarios y sus conflictivos clivajes, así como de las recetas económicas propuestas. Reafirmamos, de este modo, aún más las definiciones y sentidos que atraviesan nuestras aulas, prácticas pedagógicas, procesos de investigación, así como nuestras acciones con organizaciones e instituciones sociales, que nos guían hacia la búsqueda de profundización de la democracia, la ampliación de derechos y el respeto a la dignidad integral de las mayorías populares.

