28 / Mayo / 2019
#pronunciamiento
Con motivo lo sucedido en la madrugada del pasado lunes 20 de mayo del 2019, en la cual cuatro jóvenes (dos de 13 años, uno de 14 y uno de 22 años) que iban en un Fiat Spazio en San Miguel del Monte -provincia de Buenos Aires- murieron al chocar con un camión como consecuencia de una brutal persecución con balazos realizada por efectivos de la Policía Bonaerense, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC acompaña a los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales al reclamo de justicia por el crimen de los y la joven de San Miguel del Monte. Asimismo, convoca a la comunidad universitaria a reflexionar sobre la violencia institucional y a organizar actividades de debate y sensibilización sobre el tema.
En la Res. 319/2019 se establece que este caso evidencia la problemática de la violencia institucional en nuestro país, ya que no sólo la policía bonaerense fije responsable de las muertes que se produjeron como consecuencia de una persecución de la y los jóvenes, sino que además se intentó presentar al hecho como una tragedia intentando ocultar la responsabilidad tanto de los efectivos como politice en el caso.
Estas muertes son consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad en los últimos años que tanto desde lo discursivo del gobierno nacional -en que en numerosas ocasiones justifican y legitiman los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad- como en medidas concretas recientes, como las modificaciones del reglamento del uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales.
La tolerancia y promoción de estas prácticas conducen a la impunidad de estos crímenes y es por ello que es necesario acompañar a las familias de Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliarello en el reclamo de justicia, sumándose a la exigencia de una investigación seria, eficiente y neutral por parte del poder judicial que logre sancionar tanto a los responsables directos como indirectos.
Estas muertes son el exponente de una política de seguridad de hostigamiento policial permanente sobre los y las jóvenes de sectores populares, ya que el uso letal de la fuerza por parte de agentes de fuerzas de seguridad no constituye un caso aislado sino que forma parte de un conjunto de prácticas institucionales de la política de seguridad que van desde el hostigamiento policial hasta la tortura sistemática de jóvenes de sectores populares.
La provincia de Córdoba no es ajena a esta problemática, ya que en los años 2016 y 2017 murieron un total de 35 personas en la provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad con asiento en el territorio provincial, y que en múltiples ocasiones nos hemos expedido en relación a casos de violencia y hostigamiento policial de los y las jóvenes de barrios populares de nuestra ciudad. Es importante indagar sobre las condiciones culturales, sociales y políticas que habilitan que estas muertes se produzcan; es decir aquello que hace posible que un agente de seguridad utilice la fuerza estatal hasta el extremo máximo (la muerte) en casos que ninguna manera representan un peligro sobre la sociedad o un riesgo sobre la vida de los agentes policiales.
Se considera, entonces, que no es suficiente la resolución judicial en breve sobre este caso, sino que además este hecho debería conducir a una reflexión sobre que el Estado debe, ante todo, proteger la vida de los y las ciudadanas y que este terrible caso que genera conmoción social por la edad y la situación de desprotección de las víctimas, implique un antes y un después en las políticas que están inplementando.