24 / Noviembre / 2020

Desde los Programas de Extensión Producción Social del Hábitat Urbano y Ruralidades: Derechos y Conflictos Campesino-indígenas acompañamos  a lxs vecinxs del barrio popular de Parque Las Rosas y  Encuentro de Organizaciones- UTEP y adherimos al  repudio por el pedido de la fiscal María Eugenia Pérez Moreno de elevar a juicio la causa judicial de la toma de Parque Las Rosas.
Este barrio popular de la ciudad de Córdoba se encuentra en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), por lo tanto -a través de la Ley de Integración Sociourbana N°27.453- se encuentran comprendidas en las tierras declaradas de interés público, y sujetas a expropiación para proyectos de urbanización e integración sociourbana. Cabe destacar que el municipio ha adherido a dicha ley y la Provincia debate su adhesión en la Legislatura. Además, en este momento se está proyectando junto con la Secretaría de Integración Sociourbana la urbanización de este barrio, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Consideramos que los procesos de judicialización y criminalización de las personas, familias y colectivos que, ante la necesidad de un lugar para la reproducción de la vida, desarrollan tomas colectivas de tierra como estrategias de acceso al hábitat, remarcan la necesidad de la ejecución de políticas públicas integrales para el acceso a la tierra, vivienda y trabajo de los sectores populares desde una perspectiva de reconocimiento de los derechos humanos.  

Compartimos el documento realizado por lxs vecinxs de este barrio:

 

REPUDIAMOS EL PEDIDO DE ELEVACIÓN A JUICIO DE LA CAUSA DE TOMA DE TIERRA

Rechazamos y repudiamos el pedido de la fiscal María Eugenia Pérez Moreno de elevar a juicio la causa judicial de la toma de Parque Las Rosas. Esto no es más que una muestra de la peligrosa perspectiva con la que se aborda una cuestión social desde el Poder Judicial.

Es inadmisible que en un momento en el que distintos poderes del Estado avanzan construyendo una salida pacífica y política a esta problemática, la justicia insista con una salida criminalizante y judicializadora, que solo incrementa la conflictividad. Más increíble aún en este momento en el que, como ya dijimos, la ley de Barrios Populares, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del congreso nacional, declara de interés público sujetas a expropiación a la tierra que habitamos; en este momento donde el municipio ha adherido a dicha ley y la provincia debate su adhesión en la legislatura; en este momento en el que se está proyectando junto con la Secretaría de Integración Sociourbana la urbanización de nuestro barrio, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.
En definitiva, en este momento donde los demás poderes del Estado avanzan en solucionar la problemática de fondo, el poder judicial insiste en abordar el conflicto desde la criminalización de lxs poseedorxs.

Ese mismo poder judicial, que en más de 5 años no ha podido constatar ningún delito de las personas imputadas, es el que decide volver a poner el foco de la cuestión en el plano judicial, ignorando groseramente el esfuerzo mancomunado de lxs vecinxs, y de muchas instituciones y niveles del Estado para abordar la raíz del problema, y no solamente sus consecuencias.

Por todo esto lxs abajo firmantes:

- Repudiamos el pedido de elevación a juicio de la causa de la toma de Parque Las Rosas.

- Exigimos el sobreseimiento de las personas que aún están imputadas por un delito que no cometieron.

- Insistimos en la construcción de acuerdos que permitan una solución de raíz de los problemas que originaron este conflicto.

- Y exigimos al poder judicial cesar sus hostilidades contra nuestros territorios.

Nuevamente gritamos: ¡OCUPAR NO ES DELITO! ¡TIERRA PARA LA VIDA DIGNA!