La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, una vez más, expresa su preocupación ante la situación que se atraviesa en la SENAF, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, y que ponen de manifiesto sus trabajadores y trabajadoras. Parte de los reclamos que se expresan se vinculan con traslados arbitrarios, falta de designación de tareas y funciones, malas condiciones de trabajo y vaciamiento del Área Social Penal Juvenil.
La emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 que atraviesa quizá uno de sus momentos más complejos, demanda mayores y mejores respuestas del Estado en todos sus niveles, políticas públicas que permitan contener el impacto de la misma en todos los sectores afectados y principalmente en los más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. Un Estado presente que garantiza derechos y acompaña en los momentos más críticos no puede existir sin los trabajadores y trabajadoras que dan vida a esas políticas y es por esto que deben contar con la protección laboral establecida por la ley.
Desde la FCS reiteramos nuestra preocupación ante una situación que no es nueva ni se presenta de manera aislada sino que viene enmarcada en múltiples y diversos reclamos en diferentes áreas y dependencias provinciales y municipales que ponen de manifiesto el creciente deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras vinculado directamente con el recorte y vaciamiento de políticas públicas centrales que abordan problemas sociales complejos, agravados por el contexto sanitario que atravesamos.
Como institución formadora, con una gran trayectoria de articulación interinstitucional con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no podemos dejar de bregar por el fortalecimiento de las políticas sociales en este contexto crítico que no puede estar de ningún modo escindida de las condiciones de trabajo de quienes las sostienen cotidianamente.