17 / Abril / 2020
La Facultad de Ciencias Sociales manifiesta su rechazo a la decisión de suspender los programas PPP, PIP, PILA y X MI por parte del Ejecutivo provincial mediante la informalidad de un mensaje de texto, porque "va a contramano de las políticas que se vienen tomando a nivel nacional y en todo el mundo, que tienen que ver en su mayoría con aplacar el impacto de la crisis sanitaria en los sectores más desfavorecidos". Al reclamo lo realizó el equipo de investigacion e intervención "Jóvenes, educación, trabajo y participación: Estrategias y circuitos de acceso que los jóvenes de sectores populares despliegan en contextos y tiempos de restricciones", de la FCS UNC.
Comunicado completo
El día miércoles 15 de abril del corriente año los titulares de los programas PPP (Programa Primer Paso), PIP (Programa de Inserción Profesional), PILA (Programa de Inclusión Laboral de Adultos Varones) y X Mí, que incluye a mujeres de entre 25 y 60 años fueron informados a través de un mensaje de texto de la suspensión de los mismos mientras dure el aislamiento social preventivo como consecuencia de la emergencia sanitaria.
La medida afecta aproximadamente a 3700 personas que cuentan con ese ingreso desde el 2019, por lo cual no se trata de prestaciones que se iban a otorgar en un futuro sino que estamos hablando de ingresos económicos con los que venían contando desde los sectores más desfavorecidos de la sociedad cordobesa. La decisión, va a contramano de las políticas que se vienen tomando a nivel nacional y en todo el mundo que tienen que ver en su mayoría con aplacar el impacto de la crisis sanitaria en los sectores más desfavorecidos.
Como Equipo de investigación en Juventudes, queremos expresar nuestra preocupación por la medida tomada por el Ejecutivo provincial, ya que en el caso del PPP afecta a grupos de jóvenes tanto de sectores populares como jóvenes profesionales que poseen mayores condiciones de precariedad e inestabilidad laboral que el resto de la población -desigualdad que se profundiza en el caso de las mujeres- y que son, justamente, quienes más necesitan del apoyo del Estado en un momento de contracción económica.
A su vez, repudiamos la estrategia comunicacional con la que fue informada la medida, a través de mensajes de texto, mientras que en las páginas oficiales la información no ha sido actualizada.
Por otro lado, sorprenden los fundamentos de la medida esgrimidos por voceros del Gobierno, que hacen referencia a la importancia de la “dinámica de aprendizaje” del Programa cuando en realidad estos programas que funcionan desde hace varios años en la Provincia -particularmente el PPP, desde hace 20 años- nunca tuvieron mecanismos de supervisión de dichas prácticas para garantizar la calidad, ni la prevención de riesgos laborales que hoy estarían siendo preocupación del gobierno provincial.
Entendemos que se trata de una acción estatal que evidencia una perspectiva contraria a la perspectiva de derechos consagrada en las reglamentaciones internacionales a las cuales nuestro país adhiere y que contradice el principio de irreversibilidad de los derechos. La decisión de perjudicar a lxs más débiles en un contexto de emergencia como el que nos encontramos viviendo, expresa un gesto ideológico enmarcado en lógicas meritocráticas en donde el derecho al trabajo no figura como tal sino como un “beneficio” que no habría motivo de recibir de no estar realizando las tareas, a pesar de tratarse de una situación de fuerza mayor.
Como investigadorxs de políticas públicas vinculadas a jóvenes y sectores populares y como miembrxs de la comunidad cordobesa, expresamos nuestro mayor repudio a las medidas tomadas por el ejecutivo provincial y esperamos las mismas sean retrotraídas y que lxs titulares de los programas puedan volver a contar con el elemental derecho a percibir los ingresos correspondientes a su trabajo.