17 / Junio / 2022
Docentes e investigadorxs de la UNC queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo ante los incidentes ocurridos el 15 de junio del corriente en el marco del “Foro educativo: competencias para una ciudadanía global”; dónde defensorxs ambientales fueron agredidxs verbalmente por el rector Hugo Juri, al ser falazmente acusadxs de estar financiados por bancos suizos vinculados al genocidio nazi.
En primer lugar, como parte de esta casa de Altos Estudios, solicitamos al señor rector un inmediato acto de retractación y pedido de disculpas hacia lxs manifestantes calumniadxs e injuriadxs. Sus dichos no nos representan en absoluto, y agravian los valores democráticos, éticos y respetuosos de los derechos humanos que proclaman los estatutos y tradición reformista de esta Universidad pública.
Las personas agraviadas son defensores de derechos humanos en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú, 2018) que se hicieron presentes para denunciar la vinculación de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), co-organizadora del evento, en la financiación de autovías en Córdoba, que dicho financiamiento fue otorgado previamente a la realización de la audiencia pública y que la CAF al hacerlo no tuvo en cuenta sus propias salvaguardas ambientales. Obras viales que están destruyendo el bosque nativo en zonas rojas (de máxima protección ambiental según la Ley 9814), cuencas hídricas del valle de Punilla, avanzando sobre sitios sagrados para comunidades originarias; en contra de la voluntad popular mayoritaria expresada en las Audiencias Públicas, y sin haber cumplido con la debida consulta libre, previa e informada a las comunidades originarias afectadas (Convenio 169 de la OIT).
Resulta preocupante que la Universidad pública desconozca, invisibilice y/o deslegitime las demandas ambientales que sostienen desde hace mucho tiempo diferentes comunidades en la provincia. Aún más llamativo resulta que este agravio infundado se de en el marco de una actividad promovida por Scholas Occurrentes, organización creada por el Papa Francisco, quien en su encíclica Laudato Si manifiesta expresamente:
“Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo.” (Laudato Si, 2015: 12)
La gravísima acusación del rector, no sólo resulta falsa, desmesurada y oprobiosa; es necesario evidenciar que este tipo de acusaciones configuran discursos de odio que coadyuvan a la violencia ejercida contra estos grupos. Vale recordar que América Latina es el continente con el mayor número de defensores ambientales víctimas de asesinatos en los últimos años. Es justamente en contra de este tipo de violencias, que el Estado argentino ha rubricado el Acuerdo de Escazú (2018) comprometiéndose a proteger a los defensores ambientales.
La irrupción de los defensores ambientales en la actividad, responde también a un sistemático también un sistemático silenciamiento, desatención y ocultamiento de estas disidencias en los espacios públicos hegemónicos. En este sentido, cabe señalar que este Rectorado no ha promovido ni desarrollado acciones concretas para atender las legitimes demandas y necesidades de las comunidades que, cada vez más, se enfrentan a actividades y proyectos desarrollistas o extractivistas que afectan gravemente la calidad y sustentabilidad ambiental de sus territorios.
La Universidad pública no puede permanecer de espaldas a los conflictos y necesidades que atraviesan y conmocionan a las comunidades, sino ponerse al servicio para la construcción de una sociedad más democrática, justa y verdaderamente eco-sustentable.
Finalmente, queremos expresar nuestra solidaridad con lxs defensorxs ambientales agredidos y apelar a las autoridades universitarias para la construcción urgente de espacios interdisciplinarios de diálogo y atención a las legítimas demandas de las comunidades sobre asuntos ambientales.
Córdoba, a los 16 días del mes de junio de 2022