28 / Julio / 2020
Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba expresamos nuestra profunda preocupación y repudio ante la persistente situación de avasallamiento que viven las comunidades indígenas del actual territorio argentino en relación a sus derechos territoriales.
Pese a la existencia normativa nacional y provincial, y particularmente de la Ley Nacional 26.160 (cuya prórroga está vigente hasta noviembre del año 2021), que impide los desalojos otorgando cierta seguridad jurídica a los pueblos indígenas respecto de las tierras que habitan, en distintas provincias de Argentina siguen ocurriendo violentas intervenciones policiales para la expulsión de diferentes comunidades. La grave crisis social y económica generada en el marco de la pandemia de COVID 19 -que golpea a todos los sectores sociales e impacta especialmente en las condiciones de vida lxs integrantes de dichas comunidades- no ha constituido un freno a la vulneración de sus derechos fundamentales. Por el contrario, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) se ha incrementado la inseguridad jurídica de las comunidades. Simultáneamente, las actividades extractivistas que afectan a sus territorios (desmontes, el uso de agrotóxicos, la megaminería y la explotación de hidrocarburos), se siguen desarrollando debido a que se encuentran exceptuadas del cumplimiento del ASPO en Argentina.
En ese escenario, seguimos asistiendo a diversas situaciones de atropello, violencia, despojo o directo abandono estatal. A modo de ejemplo, podemos mencionar los conflictos que viene atravesando la Comunidad Buenuleo y la Comunidad Kom Kiñe Mu (Pueblo Mapuche), en Río Negro; la Comunidad Indígena de Laguna Blanca y la Comunidad Originaria Diaguita Anconquija (Pueblo Diaguita), en Catamarca; o las situaciones de violencia que están atravesando actualmente distintas comunidades wichí y weenhayek ubicadas en la ruta nacional 86, en la región denominada Chaco Salteño. Por nombrar otro caso que tuvo más resonancia en la escena mediática nacional, recordemos los hechos ocurridos en el mes de mayo en la localidad de Fontana (provincia de Chaco), cuando la policía reprimió a integrantes de una familia qom, realizó detenciones ilegales y abusó sexualmemte de dos mujeres menores de edad. En esta misma provincia, la Guardia Comunitaria Whasek Wichí -forma de organización comunitaria que surgió ante las problemáticas del narcotráfico, el desmonte y el abandono estatal- viene siendo fuertemente demonizada en los medios de comunicación locales, e incluso uno de sus integrantes fue detenido ilegalmente en el mes de mayo y sometido a torturas por parte de la policía.
Estas situaciones ilustran apenas una parte de una realidad que hay que comprender en toda su complejidad, más aún en la actual situación de ASPO que ha empeorado en muchos aspectos la situación de familias y comunidades. La pandemia, en este sentido, está significando no sólo la intensificación del racismo y la discriminacion en condiciones de emergencia y excepción, sino que también está impactando fuertemente en el acceso a políticas estatales que apuntan a paliar la situación de muchos sectores de la población (como por ejemplo, la dificultad de acceder al IFE o a la educación por la falta de conectividad, o de mantener las condiciones de higiene necesarias ante la falta de agua, entre otras muchas dificultades).
Por ello, amparadas/os en el compromiso de esta Facultad con las luchas por los derechos de las poblaciones más vulneradas y expuestas a diferentes formas de la violencia, expresamos nuestra preocupación frente a la violación del derecho de los pueblos indígenas a permanecer en los territorios en los que viven. Reconocemos avances en muchos aspectos -desde normativas que permiten invocar derechos en situaciones de conflicto, hasta instrumentos de política pública que representan la voluntad de avanzar hacia un más efectivo reconocimiento de tales derechos-; sin embargo, ante situaciones como las descritas, observamos serias limitaciones para consolidar lo que la normativa internacional y la constitución nacional prescriben sobre las garantías estatales en relación a los derechos de los pueblos indígenas.
Por todo lo expuesto, resulta urgente la inmediata suspensión de las acciones ilegales e ilegítimas que están teniendo lugar, así como la intervención del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para dar cumplimento a los derechos consagrados en la legislación nacional e internacional, a través del desarrollo de políticas públicas interculturales de asistencia, protección y promoción de los pueblos indígenas que habitan ancestralmente en estos territorios.