La FCS expresa su profunda preocupación por la grave situación que atraviesan las políticas sociales y las/os trabajadores/as de la Municipalidad de Córdoba en el contexto de pandemia y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el COVID -19.
La última decisión del ejecutivo municipal está vinculada con la baja contratos de 117 trabajadores/as distribuidos en diferentes dependencias. Gran parte de estos despidos se ubican en lugares estratégicos que forman parte del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes local del 2° nivel y funcionan en los CPC Pueyrredón, Rancagua, Empalme, Ruta 20, Monseñor Pablo Cabrera y Villa Libertador. Estos servicios se verán afectados en su funcionamiento y con ello los derechos de los más vulnerables de la población: niños, niñas y adolescentes. Los SPD son políticas públicas creadas en el marco de la ordenanza municipal 11817, siendo reconocidos por la ley provincial 9944, la ley 26061 y por los tratados internacionales de los derechos de los NNA, y están integrados por psicólogo/as, abogado/as, trabajador/as sociales y operadore/as territoriales en el paradigma de la interdisciplina. Está decisión dejará a niñas, niños y adolescentes sin el acompañamiento integral que brinda el servicio.
Otras desvinculaciones se registran en en la Subdirección de Cultura, en la Secretaría de Educación, en los Parques Educativos, en la Secretaría de Salud (administrativos), en la Dirección de Familia, en la Radio Municipal, en la Subsecretaría de Deportes y Recreación y en diversas Áreas Operativas de la Municipalidad. Entre estos/as trabajadores/as hay quienes cuentan con hasta 10 años de antigüedad y quienes rindieron concurso público abierto antes de ingresar a las vacantes de la municipalidad.
Como Facultad de Ciencias Sociales nos pronunciamos en función de nuestra larga trayectoria de trabajo conjunto con diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad de Córdoba, vínculo que en algunos casos tiene más de 30 años. Como Facultad compartimos inquietudes y acciones con los/as profesionales de la Municipalidad, en particular con las áreas de salud, educación, adultos mayores y hábitat, lo que nos lleva a valorar la necesidad de hacer públicas nuestras preocupaciones y demandas.
La reducción de las políticas públicas municipales y la disminución de su capacidad de respuesta se vuelve aún más crítica en el marco de la emergencia sanitaria que atravesamos y que pone en situación de mayor vulnerabilidad a la población, profundizando las desigualdades y las problemáticas existentes.