15 / Septiembre / 2025
El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba manifiesta su profunda preocupación por la grave situación presupuestaria, salarial y estructural que atraviesa el sistema universitario público argentino.
Argentina vive una profunda crisis económica, social, y política, signada principalmente por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de los índices de pobreza. Esta coyuntura se ve agravada debido a un proyecto político que desfinancia lo que consideramos pilares básicos de un estado presente: salud, vivienda, alimentación, educación, investigación científica y tecnológica, entre otros. Las consecuencias de estas políticas se sienten con crudeza en todos los territorios, especialmente en los sectores populares, y constituyen un retroceso alarmante en términos de derechos conquistados.
Seguido de ello, la Universidad pública argentina atraviesa una de las situaciones más críticas desde el retorno de la democracia. En medio de una crisis social y económica profunda, la Universidad no sólo no escapa al ajuste, sino que se ha transformado en uno de sus blancos principales.
En este marco, el recorte presupuestario que enfrenta el sistema universitario fue calificado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como “inédito en la historia democrática del país”. Desde enero de 2024, la diferencia acumulada entre la inflación y las partidas destinadas a gastos de funcionamiento supera el 134%. A esta altura del año, muchas universidades apenas logran cubrir los servicios básicos y llevar adelante sus actividades esenciales, la situación es insostenible.
Este ajuste impacta directamente en la vida estudiantil, tanto por el deterioro de las condiciones materiales de existencia como por la reducción de políticas específicas de acompañamiento. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, la pobreza en la población universitaria pasó del 28% al 49%. Este dato no es neutro: muestra cómo las políticas de ajuste inciden en quienes hacemos día a día nuestra Casa de estudios. Esto genera obstáculos en el sostenimiento de las trayectorias educativas y, en consecuencia, en el ejercicio del derecho a la educación superior, que constituye un derecho humano fundamental y como ya se mencionó anteriormente, una responsabilidad indelegable del Estado.
No se trata únicamente de un problema económico: detrás de la falta de recursos hay decisiones políticas que definen qué tipo de universidad se quiere para el país. Una universidad que garantice el derecho a estudiar o una universidad restringida solo a quienes pueden costearlo.
Tampoco alcanza con un presupuesto que apenas cubre gastos básicos: exigimos salarios dignos para docentes y nodocentes, inmediato restablecimiento de paritarias libres , así como de políticas de acompañamiento estudiantil que garanticen el ingreso, la permanencia y el egreso. Estos no son simples indicadores, sino derechos colectivos que defendemos como institución. Sin embargo, dichas políticas hoy se ven seriamente amenazadas por el recorte en becas, el encarecimiento del transporte y las dificultades para acceder al comedor universitario. A lo que se suman los gastos por fuera de la Universidad tales como la falta de previsibilidad en el acceso a la vivienda; tanto como para sostener el pago del alquiler como los servicios básicos. Cada estudiante que abandona sus estudios es la prueba de que el ajuste no es abstracto, sino que se traduce directamente en exclusión.
A través del informe Informate cuantitativo: Perfil de ingresantes a las carreras de grado de la FCS - UNC (Arévalo & Santa Cruz, 2024) se evidencia el impacto del desfinanciamiento universitario y de la crisis socioeconómica en parte de la población estudiantil. Lejos de ser un fenómeno abstracto, las consecuencias se manifiestan en la creciente dificultad para sostener el derecho a estudiar en condiciones dignas.
Incluso entre quienes logran ingresar, las condiciones de estudio están fuertemente atravesadas por la necesidad de trabajar: entre el 30% y el 40% de los estudiantes son trabajadores desde el inicio de su trayectoria universitaria. Por carrera, los datos reflejan la magnitud del problema: en Ciencia Política el 29,6% de los ingresantes trabaja, en Sociología el 36,9% y en Trabajo Social la cifra asciende a un 42,2%. La mayoría cumple entre 10 y 20 horas laborales semanales, lo que evidencia un fuerte condicionante a su permanencia en la Universidad.
Por otro lado, a la crisis presupuestaria se suma el deterioro salarial de trabajadores docentes y no docentes. La pérdida del poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023 supera el 40%, ubicando a una parte significativa de las y los trabajadores del sistema universitario por debajo de la línea de pobreza. La situación del claustro no docente es aún más crítica: sus salarios cayeron un 26,8% y en el CONICET un 33,7%.
Resulta imprescindible visibilizar además, la situación crítica del claustro nodocente, que enfrenta un deterioro salarial incluso mayor al del resto del sector público: desde noviembre de 2023, los salarios en el sistema universitario cayeron un 26,8%, y en el CONICET un 33,7%.
La universidad es también el corazón del sistema científico nacional: más del 70% de la investigación del país se produce en universidades públicas. Pero ese entramado se encuentra gravemente amenazado: en 2025, la inversión estatal proyectada en ciencia y tecnología desciende al 0,153% del PBI, uno de los niveles más bajos de la historia reciente. Esto pone en riesgo no solo la producción nacional de conocimiento, sino la formación profesional, el desarrollo tecnológico y la capacidad de nuestra Nación para abordar desafíos de manera soberana.
Por eso, no estamos ante una crisis únicamente presupuestaria. Lo que se encuentra en juego es el sentido mismo del proyecto de Universidad pública en la Argentina: históricamente pilar del desarrollo nacional, instrumento de movilidad social ascendente y espacio estratégico para la producción de conocimiento autónomo, democrático y con compromiso social.
En este marco, consideramos que el proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema Universitario Nacional, aprobado en el Congreso de la Nación, constituye una herramienta institucional adecuada, viable y urgente. La iniciativa establece un piso mínimo de inversión para garantizar el funcionamiento de las universidades, propone una recomposición salarial progresiva para el personal docente y nodocente, y traza una senda de crecimiento presupuestario que proyecta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
La Universidad pública requiere decisiones firmes, sostenidas por el compromiso institucional de quienes la integran y de quienes tienen la responsabilidad de garantizar su continuidad. En este escenario crítico, pronunciarse no es solo una acción política, sino una obligación ética y democrática.
Finalmente, ante el inminente veto presidencial, se convoca a todas y todos los legisladores nacionales, en particular a quienes representan a la provincia de Córdoba, a acompañar con responsabilidad esta iniciativa. Del mismo modo, se exhorta a las autoridades y a la comunidad universitaria a mantenerse informadas y a movilizarse para garantizar el cumplimiento urgente de la ley.
No se trata solo de resolver una coyuntura presupuestaria, sino de garantizar el acceso al derecho a la educación superior, la sostenibilidad del trabajo universitario, y la continuidad de un modelo de universidad profundamente arraigado en la historia democrática y federal del país.
[ Res HCD 367/2025 ] [ Posicionamiento ]
En este sentido, desde la FCS convocamos a la marcha federal universitaria el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025.
Fuentes:
- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). (2024). Comunicado sobre la situacion presupuestaria universitaria.
https://www.cin.edu.ar/comunicado-del-comite-ejecutivo-del-12-de-junio-d...
- INDEC. (2024). Informe de pobreza e indigencia. Primer semestre 2024. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_241C235... A.pdf
- Observatorio de Políticas Universitarias (SPU, Ministerio de Educación). (2024). Informe sobre financiamiento universitario. https://www.feduba.org.ar/2025/03/31/informe-elaborado-por-iec-conadu-so... anciamiento-universitario-para-el-2025/
- Arévalo, J. & Santa Cruz, L. (2024). Perfil de ingresantes a las carreras de grado de la FCS-UNC. UNC.
https://sociales.unc.edu.ar/content/informes-de-perfil-de-ingresantes-fcs
- Clarín/ Página 12/Infobae (2024-2025). Notas sobre la caída del presupuesta universitario y protestas de estudiantes. https://elpais.com/argentina/2025-07-06/milei-apura-el-desguace-del-sist... o-y-busca-controlar-que-se-puede-investigar.html
https://diariohoy.net/politica/milei-avanza-con-un-decreto-para-controla... 71524
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT). (2025). Proyección de inversión en ciencia y tecnología. https://ciicti.org/2025-inversion-estatal-ciencia-minimo-historico/