Desde los Programas de Extensión Producción Social del Hábitat y Ruralidades: Derechos y Conflictos Campesino indígenas y el Programa de Articulación de Prácticas Académicas de la Dirección de Carrera de Trabajo Social FCS/UNC y la Coordinación de Prácticas Académicas de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) acompañamos a lxs vecinxs del Barrio Popular Villa Alicia de la ciudad de Villa de María del Río Seco y al Movimiento Campesino Córdoba, en la primera Jornada de Mesa de Mediación por el conflicto de desalojo convocada por la defensa y la comisión vecinal de Barrio Villa Alicia.
La mesa de diálogo se realizó el pasado viernes 27 de agosto en la localidad de Villa de María del Río Seco, en la cual estuvieron presentes las familias que llevaron adelante la ocupación de tierra, junto a la abogada del MCC Maria Victoria Gauna y los señores Benchetri y Casas, quienes alegan ser dueños del territorio junto a su representante legal. La instancia fue presidida por la fiscal de instrucción de Deán Funes Fabiana Pochetino. De la mediación también participaron el Intendente Ramón Flores de la Municipalidad de Villa de María, Virginia Faggioli del Ministerio de Desarrollo Social Córdoba, el legislador departamental Gustavo Eslava, el Coordinador de los Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina Sergio Job, la Dra. Laura Carunchio del Ministerio de la Mujer Córdoba, Mirna López Asesora Letrada, y por la Facultad de Ciencias Sociales, Susana Andrada, Mariana Gamboa y Ana Elorza parte del equipo que acompaña a las familias de Villa Alicia.
Sobre las definiciones de la Mesa
La fiscal Fabiana Pochetino condujo la mediación con ecuanimidad y buscando el compromiso de las partes en la resolución de la problemática de las 12 familias que realizaron la ocupación en el 2018. Quienes alegan ser propietarios expresaron estar dispuestos a vender el terreno de 3 hectáreas completo, no solo la fracción que fuera ocupada por las familias. La Municipalidad de Villa de María de Rio Seco, como solución propusieron al inicio de la negociación dos terrenos para dos viviendas para las familias que permanecen en el predio. Luego de las discusiones se comprometió a realizar gestiones tendientes a la compra de las 3 hectáreas. En el diálogo el Intendente señaló que son alrededor de 150 familias las que están en la misma situación de precariedad habitacional que las de Villa Alicia, por lo que consideramos como FCS que dicha compra habilitaría el desarrollo de una política habitacional local, sin dudas necesaria. En esta gestión también se involucraron el Sr legislador departamental y el coordinador del Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Las representantes del Ministerio provincial de la Mujer se comprometieron con gestiones de recursos asistenciales que permitan mejorar el acceso a alimentación y vestimenta a través de becas a las mujeres. La FCS se comprometió a acompañar el proceso organizativo, ampliar información que resultara necesaria para la gestión de recursos, y realizar asesoramiento en torno a la producción social del hábitat.
La comunidad de Villa Alicia y nuestros vínculos con ella
Desde el año 2018 se desarrollan prácticas académicas y extensionistas en esta comunidad, en particular desde la cátedra de TEEI II comunitario y las prácticas preprofesionales de estudiantes del 5 nivel de la Licenciatura en Trabajo Social, aportando y desarrollando estrategias de manera conjunta con las organizaciones barriales de este territorio. En esa dirección, se ha realizado de manera conjunta y colaborativa entre la Comunidad de Villa Alicia un Informe socio habitacional que fue presentado en la mesa de negociación. Este trabajo analiza el proceso de configuración socioterritorial de Villa Alicia, las condiciones de vida de las familias (identificando problemas, necesidades, saberes y capacidades para el desarrollo de estrategias de reproducción de la vida), y demandas al estado desde una perspectiva de derechos humanos.
Villa Alicia es una comunidad de 28 familias, y en el proceso de producción social del hábitat, se distinguen dos momentos que dieron por resultado dos sectores. El primer sector fue ocupado por familias expulsadas del campo por el avance del agronegocio a principios de este siglo, y está localizado hacia el este. El segundo, es producto del asentamiento de familias de una nueva generación del grupo inicial, cuando en el 2018 deciden de manera colectiva y pacífica ocupar el terreno hacia el oeste de la misma calle. La construcción de viviendas y usos de terrenos se hizo de manera autogestiva y colectiva o familiar. Cabe aclarar, que durante ese año se había avanzado en un diálogo con la persona que alega ser propietario del terreno acuerdo sobre la cesión de dos lotes que conforman el predio. Sin embargo, en la mediación sostuvo que no estaría dispuesto a realizar la misma.
En la jornada del pasado viernes se presentaron datos claves del informe y se realizaron recomendaciones sobre las líneas de acción a seguir por las áreas responsables de reparar derechos vulnerados de estas familias. El informe elaborado por el equipo se sustenta en relevamiento socio territorial y barrial donde se realizaron 24 encuestas, de 28 familias que habitan el predio. Se registraron un total de 120 personas, 43 mujeres adultas (17 de ellas jefas de hogar), 34 son varones adultos, 28 niñez de 0 a 12 años, y 15 jóvenes de 13 a 25. También se recuperaron registros de campo y el relevamiento realizado en el 2018 y 2019 por estudiantes de la cátedra de TEEI II comunitario y de estudiantes del 5 nivel.
Como Facultad de Ciencias Sociales celebramos la instancia pública donde, por primera vez, se expone esta situación problemática y de vulneración de derechos a la tierra y vivienda de esta comunidad, pero que es un emergente de un problema estructural que se viene profundizando en los últimos años. Hemos acompañado a la comunidad en gestiones vinculadas al derecho al hábitat, y observamos con gran preocupación el incremento de las tensiones y las vulneraciones de derechos. En estos procesos aparecen con claridad las asimetrías y desigualdades de nuestras comunidades. Observamos con inquietud que los mecanismos estatales materializados en el Sistema Judicial y de política social que apuntan a la resolución de casos particulares, y que, por cada nueva instancia propuesta, las personas vulneradas deben re-exponer su situación siendo revictimizadas. Quedan por fuera, ausentes, las instancias orientadas a la exigibilidad de derechos de manera colectiva, que responden a demandas concretas, pero construyen en pos de la dignidad colectiva.
Queremos destacar la fuerza, entereza y dignidad de las cinco mujeres que en la Mesa de Negociación representaron a las 12 familias, con valentía y reconociéndose sujetas de derecho expusieron los motivos y las acciones de la ocupación, y bregaron por una solución colectiva de las vulneraciones. Es necesario y urgente establecer políticas públicas directas para las familias campesino indígenas de todos los territorios en conflicto, con un Estado presente con políticas de exigibilidad de derechos. La próxima jornada de mediación es el 3 de setiembre en la ciudad de Deán Funes.