16 / Diciembre / 2019
La propuesta de mención en Derechos Humanos se basa en el reconocimiento de la singular trayectoria de Argentina en cuanto a la tramitación de un pasado de terrorismo de Estado, trayectoria que es objeto de interés académico y político internacionalmente en el nuevo campo de estudios que se conoce como justicia transicional. El caso argentino – aún cuando desborda los límites de la justicia transicional- es uno de los más estudiados, por la riqueza y variedad de las medidas que se tomaron en orden a conocer lo sucedido en el marco del terrorismo de Estado, a sancionar a los responsables, a producir reparaciones a las víctimas, a desarrollar políticas de memoria y a garantizar la no repetición. Además, el país fue un actor clave en la adopción de instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (2006), las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Genética Forense y Derechos Humanos (2009) y sobre Derecho a la Verdad (2014), y la creación del mandato del Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición (2011).
A pesar de la multiplicidad de actores e instituciones involucrados en nuestro contexto en los complejos mecanismos puestos en marcha en relación con las políticas de verdad, memoria y justicia, y de su especial relevancia en el plano local y regional - la provincia de Córdoba fue sede del III Cuerpo de Ejército y de uno de los campos de concentración y exterminio más grandes del país, La Perla- hasta el momento no contamos con ámbitos de formación de posgrado que permitan el análisis y la investigación sistemáticos de esos procesos ligados con la tramitación del pasado.
Por otra parte, desde la década de 2000 asistimos a una renovación significativa en el estudio de las políticas estatales, guiada por lo que se conoce como enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas. Este enfoque enfatiza los vínculos entre las políticas estatales y las obligaciones del Estado en materia de efectivización de derechos humanos; el examen de las formas que asumen las políticas estatales como expresión del cumplimiento de las obligaciones estatales; y las vulneraciones a los derechos producto de la acción u omisión de la observancia de esas obligaciones. El enfoque de derechos humanos ha contribuido a precisar los niveles de obligación del Estado y a la identificación de los contenidos mínimos de los derechos que deben ser garantizados. También permite un análisis crítico tanto de la situación de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales, a la luz, entre otros aspectos, de los distintos instrumentos internacionales que fueron incorporados al texto constitucional argentino.
Reconocer el nexo ineludible entre democracia y vigencia de los derechos humanos - la recuperación de lo que Luigi Ferrajoli ha dado en llamar la ‘dimensión sustancial de la democracia’, esto es, el núcleo de derechos sociales y de libertad- coloca en perspectiva problemáticas arraigadas y nuevas realidades que requieren análisis y propuestas. En este sentido, en los más de 30 años que lleva ininterrumpida la vida democrática en el país, se evidencian aún múltiples deudas relativas a la vigencia de derechos civiles y políticos, como lo son la violencia institucional y en particular, actuaciones selectivas de las policías que vulneran derechos de jóvenes en condiciones de pobreza; la crítica situación carcelaria y la existencia de malos tratos - e incluso de prácticas de tortura- en los lugares de encierro y el actual embate contra las garantías para las personas acusadas de delitos. Asimismo, asistimos a crecientes medidas de represión sobre las formas de protesta social, que ensombrecen el horizonte del ejercicio de un derecho básico.
En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de los avances registrados en la década pasada, aún subsisten déficits en la formulación de políticas sociales, campo que ha sido refractario a su configuración en línea con los estándares que deben cumplir las políticas estatales que garantizan derechos sociales. La investigación y la imaginación de políticas que sean especialmente sensibles a estas realidades representan un desafío intelectual relevante para las ciencias sociales. Así, el programa que presentamos aspira a estimular el estudio y a promover el debate propositivo en el amplio campo de los derechos humanos, tanto en lo que concierne a los estudios y desarrollos necesarios sobre el pasado de terrorismo de Estado y sus implicancias sociales, como sobre los desafíos actuales para la vigencia plena de los derechos humanos para todos los habitantes.