19 / Diciembre / 2019
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC comparte la preocupación del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Córdoba por la condiciones laborales en la SeNAF y otras áreas del Estado provincial.
Denuncian precarización laboral en la SeNAF y otras áreas del Estado provincial
Fuente: Al revés
El gobierno de Schiretti decidió “vacaciones compulsivas” para profesionales de Trabajo Social que se desempeñan como monotributisas en el área Penal Juvenil de esa Secretaría, que impacta en el Complejo Esperanza, donde jóvenes se quedan sin seguimiento ni atención. Desde el Colegio de Profesionales critican la tercerización que instrumenta la Provincia en esta y otras dependencias y programas y advierten de una “histórica la vulneración de derechos laborales”.
La tercerización laboral de profesionales es una constante en el Estado provincial
No es nuevo, pero no por eso menos grave: la tercerización por parte de la Provincia de profesionales que desempeñan tareas altamente calificadas y en muchos casos de riesgo, que son contratadxs como monotributistas por ONGs o Fundaciones pero que realizan trabajos para áreas del Estado provincial o en programas que son implementados por la Provincia, independientemente de si los fondos salen de sus arcas.
Según el Colegio de Profesionales de Servicio Social de Córdoba, profesionales que desempeñan sus funciones en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) fueron informadas el 12 de diciembre que deberían tomarse “vacaciones compulsivas” hasta el 1 de enero del 2020, y que “no se les podía garantizar la continuidad de los convenios precarizados a través de los cuales venían trabajando en el área de Penal Juvenil”.
“Hay 79 jóvenes alojados en el Complejo Esperanza que están privados de su libertad que se quedan sin el seguimiento profesional, y desde el gobierno no hay ninguna respuesta. Hemos pedido una audiencia con el ministro de Justicia y Derechos Humanos para saber si estos contratos van a seguir el año que viene. Lo que las profesionales nos dicen es que no saben si sus contratos van o no a continuar”, dijo a este portal Carolina Allende, Presidenta del Colegio.
A la situación de las trabajadoras sociales en el Complejo Esperanza hay que sumar la ausencia de la 20 sociopedagogas que realizan tareas cotidianas dentro de un contexto de encierro, “quienes se encuentran también desafectadas de sus funciones por el vencimiento del convenio que enmarcaba su trabajo”, asegura un comunicado de la entidad profesional.
“Sabemos también que actualmente trabajan en similares condiciones de precarización laboral alrededor de 150 profesionales en otras áreas gubernamentales, como ser el Organismo de Protección de Derechos, Medidas Excepcionales, Residencias, Casas Abiertas, y otros Programas; que podrían estar atravesando también estas situaciones de vacaciones entre comillas”, advierten desde el Colegio de Servicio Social.
“Todxs son trabajadorxs que se desempeñan en programas altamente delicados de la Provincia, tanto en Justicia, Salud, Desarrollo Social, y es histórica la vulneración de derechos laborales, porque debería ser el Estado provincial el que se haga cargo de los contratos, cumpliendo la ley del empleado público. En estas condiciones hay trabajadorxs sociales, psicólogxs, nutricionistxs, arquitectxs, médicxs, y desde uno de los gremios estatales y los colegios intentamos acompañar”, dice Allende.
Doble vulneración
En el caso de los jóvenes en conflicto con la ley penal que están en condiciones de encierro, la situación es doblemente grave: “Las autoridades de la Provincia ni siquiera firman el recibido de las peticiones porque se excusan en que no son empleadxs estatales, pero se desempeñan en programas y áreas estatales, la indefensión es total. Por eso les pedimos a nuestrxs profesionales que en los casos del Complejo Esperanza informaran a los jueces de esta situación de licencias compulsivas decididas por el gobierno, porque esxs jueces se apoyan en sus informes para dictar sus fallos o tomar decisiones que afectan la situación de lxs jóvenes”, remarca Allende.
Desde el Colegio de Servicio Social denuncian que “un alto porcentaje de los 190 jóvenes alojados/as en el Complejo Esperanza/CESAM quedan sin seguimiento e intervención profesional. Sabemos que el proceso de los/as jóvenes en conflicto con la ley penal que ingresan al Centro Socio educativo presentan situaciones particulares de vulneración de derechos; por lo cual intervienen equipos técnicos”. Equipos técnicos que fueron licenciados de golpe, sin otra explicación de que se terminaron sus contratos hasta nuevo aviso, porque en la mayoría de los casos los contratos son anuales.
Políticas de alto impacto
Como destaca Allende, “todas son políticas de alto impacto: las Salas Cuna, la Tarjeta Social, los trabajos en los comedores, en el Polo de la Mujer, donde la demanda supera las capacidades de atención y se abordan situaciones de violencia, urgentes. Y todas son acciones necesarias pero que deben implementarse bien, porque lxs empleadxs en estas condiciones de precariedad ni siquiera son libres para plantear lo que les pasa y es el Estado el que no se está haciendo cargo”.