17 / Diciembre / 2025
Desde la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC expresamos nuestra profunda preocupación ante la inminente audiencia preliminar del proceso penal que se iniciará contra seis vecinas y vecinos del Valle de Punilla, imputados por su participación en una manifestación pacífica en defensa de los derechos ambientales, realizada en agosto de 2022 en Cosquín. La audiencia preliminar se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre a las 9:00 horas, en los Tribunales de Cruz del Eje.
El contexto en el que se les imputa fue la movilización en el marco del conflicto por la Autovía de Punilla, una obra fuertemente cuestionada por asambleas, espacios universitarios y científicos, técnicos, comunidades originarias y vecinos junto a la sociedad organizada, debido a irregularidades detectadas en las audiencias públicas y a graves impactos ambientales señalados desde hace años. La manifestación tuvo lugar durante un plenario ambiental en la plaza San Martín de Cosquín, convocado originalmente para exigir información pública sobre la Autovía. Según consta en los testimonios, la aparición sorpresiva del entonces intendente Gabriel Musso generó reclamos por el permiso de uso del suelo que habilitó la obra en áreas protegidas (por su valor patrimonial, arqueológico, cultural y natural). La respuesta institucional fue un operativo policial que derivó en represión y en la posterior imputación de seis personas por los cargos de amenazas, daños y resistencia a la autoridad.
Dado el avance de este proceso, solicitamos de manera urgente que se garanticen los derechos humanos de las personas que se manifiestan en la vía pública, en el marco del derecho constitucional a la protesta y contra toda forma de violencia institucional, social, racial y de género. Repudiamos el accionar que sistemáticamente judicializa a quienes, de manera pacífica, junto a vecinas, vecinos, familias, infancias, comunidades originarias que habitan los territorios afectados, y la sociedad en su conjunto, defienden el ambiente y se manifiestan contra las acciones que atentan contra la naturaleza y los bienes comunes protegidos.
Es imperativo destacar que, bajo el amparo de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, la autoridad competente tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas y efectivas para «reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso…» (Artículo 9, Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Acuerdo de Escazú, adoptado el 4 de marzo de 2018).
La Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC acompañamos esta lucha desde todos nuestros espacios institucionales que abordan en forma conjunta el paradigma de derechos humanos, sociales, ambientales, ancestrales y con perspectiva de género; y exigimos el cese de la criminalización y persecución penal contra les defensores ambientales; la plena vigencia de los derechos de expresión y protesta pacífica en nuestra provincia; y un abordaje de justicia epistémica, ambiental y de género para todos los procesos en curso. Apoyamos, del mismo modo, la lucha de todxs lxs defensores ambientales a lo largo del país, en defensa de la vida y de la protección de nuestros bienes comunes y territorios. Invitamos a la sociedad en su conjunto a acompañar la defensa de lxs defensores ambientales y de la vida; el cumplimiento de la defensa de las zonas protegidas por parte de los gobiernos; y el repudio a toda forma de violencia y destrucción territorial.
¡¡Absolución ya!! A lxs Defensores Ambientales de Punilla
Defender el Monte Nativo no es delito