Desde la Facultad de Ciencias Sociales expresamos nuestra profunda preocupación ante la creciente ofensiva mediática y política que busca instalar la idea de las “falsas denuncias” como problema central, desacreditando la palabra de las mujeres, niñeces, jóvenes y disidencias sexo-genéricas y erosionando los avances construidos en políticas públicas y marcos normativos de protección. Este retroceso se manifiesta no solo en el desmantelamiento de áreas específicas, sino en discursos que ponen en duda a quienes denuncian y reeditan estereotipos de “las buenas y las malas víctimas”, alimentando un clima social que desalienta la denuncia de violencia de género y abuso sexual.
Resulta especialmente grave la coordinación de una agenda conservadora que busca el retroceso de derechos mediante la deslegitimación del sistema judicial y de instituciones como el Polo de la Mujer, construyendo un presunto problema por fuera de toda evidencia. Los datos internacionales y nacionales indican que las denuncias falsas constituyen una excepción estadística, representando cifras inferiores al 0,3 % en contextos de violencia de género, mientras que la mayoría de las mujeres y disidencias sexo-genéricas que atraviesan estas situaciones ni siquiera recurren a instituciones.
Lo que se intenta es una inversión del problema: en lugar de interrogar las fallas de las instituciones ante las violencias reales, se siembra sospecha sobre quienes denuncian para deslegitimar la perspectiva de género incorporada en el Estado.
Este clima encuentra expresión concreta en el tratamiento mediático de casos particulares, como el de Néstor Maldonado, donde la espectacularización desplazó la atención desde la investigación de los hechos hacia la conducta, intimidad y moralidad de la mujer involucrada. Al construir la figura de la “mala víctima”, los medios habilitan el hostigamiento social y consolidan un tribunal moral paralelo que exige a las mujeres ser ejemplares para ser creídas.
Ante esta situación, reafirmamos que es responsabilidad del Estado investigar con celeridad, de la justicia actuar con perspectiva de género y de los medios informar con ética y responsabilidad. El problema real es el negacionismo y la desprotección; defender los avances logrados implica denunciar estas estrategias de desinformación y revictimización que ponen en juego la posibilidad misma de sostener los derechos conquistados.

