30 / Abril / 2026
Su profunda preocupación y rechazo a la decisión del gobierno nacional de cerrar las Agencias Territoriales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, a la vez que expresamos solidaridad con la lucha de sus trabajadorxs.
Asimismo, manifestamos el rechazo a la resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación de eliminar, a partir del mes de abril de 2026, el Programa conocido como Potenciar Trabajo, denominado en la actual gestión “Volver a Trabajar” y “Acompañamiento Social”.
El Ministerio de Capital Humano, utiliza como argumento para eliminar las agencias territoriales la «simplificación administrativa» y el “ahorro presupuestario”, sin embargo, significa desarticular la presencia territorial del Estado y la ruptura de las herramientas de control que garantizan el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
El cierre de las Agencias Territoriales expresa el abandono de las funciones esenciales del organismo; medida que afecta a lxs trabajadorxs que alli se desempeñaban e impacta de forma directa en:
Anulación de las funciones de fiscalización de la capacidad de inspección in situ, dejando a lxs trabajadorxs en total desprotección frente al empleo no registrado y el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, en espacios industriales y zonas rurales. También esto repercute en la obstrucción de las medidas de mediación. Se destruyen las instancias de conciliación descentralizadas que permiten resolver conflictos laborales de manera ágil y situada, sin necesidad de judicialización. Se obstaculiza la instancia mediadora ya que se centraliza en la ciudad de Buenos Aires.
Respecto al programa denominado “Volver a Trabajar”, las personas destinatarias recibían el equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y como contraprestación debían participar de procesos socioproductivos, educativos y comunitarios (coordinados por cooperativas). También podían optar por capacitarse en oficios o terminar sus estudios primarios y secundarios.
Estos programas, complementan ingresos en un sinnúmero de familias, y en una proporción que contribuyen a sortear un contexto donde ya resulta difícil garantizar alimentación; y además donde las posibilidades de trabajo están atravesadas por condiciones de precariedad e inestabilidad, debido al deterioro económico general.
El gobierno nacional sostiene que la transferencia de recursos a través de la AUH y la Tarjeta Alimentar y los supuestos resultados del plan económico, hacen innecesaria la continuidad del programa.
También expresamos nuestro apoyo a las organizaciones sociales que se encuentran luchando por políticas públicas que reconozcan y valoricen el trabajo comunitario mediante un Salario Social Complementario, ya que se apoya en redes reales de cuidado y sostén del lazo social. La experiencia de la pandemia de Covid-19 demostró con claridad que la vida en los barrios populares depende de la organización comunitaria, donde se trabaja para garantizar alimentación, salud, educación y derechos que no están asegurados por el acceso cotidiano a servicios estatales suficientes y sostenidos en el tiempo.
De este modo, gran parte de estos recursos contribuyen a darle sostenibilidad a las actividades productivas de la economía popular, que también desde la organización territorial, cooperativa, asociativa y social buscan garantizar modos de trabajo que den un piso de dignidad en la vida y de derechos. Todo ello implica trabajo, organización, tiempo y requiere ser reconocido por el Estado, en un momento donde la debilidad institucional aumenta el riesgo de lxs ciudadanxs.
Cuando el Estado se retira de sus funciones básicas, las estructuras concretas que ocupan territorio, reemplazan la organización comunitaria por relaciones de violencia, dependencia y control social.
En este marco, el Consejo Directivo de la FCS reafirma su compromiso con la defensa de las políticas públicas territoriales del Estado, la protección de los derechos laborales y el reconocimiento del trabajo —comunitario y productivo— como dimensión central del sostén de la vida.