27 / Octubre / 2021
La Secretaría de Investigación de la FCS informa que se encuentra hasta el 29 de octubre la Convocatoria CLACSO para equipos de investigación Pandemia de Covid-19.
Los países de América Latina y el Caribe ya venían experimentando escenarios de austeridad fiscal, con recortes presupuestarios importantes y privatizaciones en servicios públicos, antes del inicio de la pandemia del Covid 19. En este sentido, resaltan las vías de flexibilización y vulneración de políticas/normas ambientales y laborales para favorecer la inversión de grandes empresas privadas (sobre todo del sector agropecuario e hidrocarburos) en contextos que carecían de robustas políticas: regulatoria y tributaria.
Con la pandemia, hemos percibido aumentos significativos de pobreza y desigualdad y otros efectos asociados al desempleo en la región, el hambre y la crisis climática que afecta a nuestros países. Como respuesta apremiante, algunos gobiernos empezaron con paquetes de estímulo a la economía y de protección social focalizada; pero estas políticas se mostraron insuficientes, dejando una gran parcela de la población sin asistencia y forzando condiciones de pauperización creciente en la región.
Al mismo tiempo hemos presenciado el aumento en la concentración de la riqueza. Según nota recientemente publicada por el Subsecretario Adjunto de la ONU: “En conjunto, vemos que, durante la pandemia, el número total de multimillonarios en ALC aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en $196 mil millones, esto es aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador. Es decir, el acervo de riqueza de los multimillonarios en ALC, medido por la lista de Forbes, ha crecido más del 40 por ciento durante el COVID-19 hasta ahora.”
A estas dificultades se suman prácticas asociadas con la captura del Estado y los privilegios que detentan determinados sectores tanto en el campo económico, como en materia ambiental. Ejemplos de esto podría ser la manutención y ampliación de privilegios fiscales y la flexibilización de normas y baja fiscalización en materia de protección del ambiente, así como el apoyo a grandes empresas e inversiones privadas que impulsan un modelo de desarrollo basado en la profundización de la desigualdad y la explotación de recursos naturales.
Algunos temas sugeridos para Justicia Económica:
Compromisos asumidos por los países para “pagar” los créditos a los que tuvieron acceso con la finalidad de enfrentar la crisis socioeconómica durante la pandemia de Covid 19.
Captura de los sistemas públicos de: salud, educación, pensión, entre otros.
La desigualdad y las brechas de género en materia de cuidado/alternativas desde los feminismos en la región, desde la economía informal, popular y solidaria.
La captura de las políticas en materia de inversión en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de sistemas productivos en la región.
Algunos temas sugeridos para Justicia Climática:
Políticas y alternativas propuestas para la recuperación del entorno social, económico y ambiental tras la crisis abierta por la pandemia del Covid 19.
Captura política en iniciativas que impulsan la trasparencia, participación y ejercicio pleno de la sociedad civil en el control y protección de los territorios y bienes comunes, por ejemplo, alrededor del Acuerdo de Escazú.
Políticas ambientales y protección de los derechos de poblaciones indígenas y/o afrodescendientes (principalmente mujeres y jóvenes) para enfrentar los desafíos de la pandemia y los efectos de crisis recurrentes en los territorios.
Posibles impactos (uso de la tierra) y conflictos derivados de los compromisos asumidos por los gobiernos de la región en materia de Cero Neto y compromisos nacionalmente determinados (NDCs), así como mecanismos para financiar la mitigación y los planes nacionales de adaptación.
Más información: https://www.clacso.org/