14 / Noviembre / 2018
El martes 13 de noviembre se llevó adelante la segunda audiencia de la causa Montivero en la que se juzga a miembros del ex Comando Radioeléctrico en Córdoba en juicios por delitos de lesa humanidad. La FCS estuvo presente, reafirmando el pronunciamiento del Honorable Consejo Directivo del 22 de octubre que declara de interés el inicio de las audiencias en la Causa “Montiveros, Guillermo Antonio y otros p.ss.aa. Homicidio Agravado con Ensañamiento y Alevosía”, que se inscribe en la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en la que una de las víctimas fue alumna de la carrera de Asistente Social y militante del Centro de Estudiantes, Vilma Ethel Ortiz.
Entre las personas que declararon en la audiencia estuvo Norma del Rosario Toledo, una vecina de la casa donde asesinaron a Vilma Ethel Ortiz, José Luis Nicola y Gustavo Olmedo. La testigo declaró muy segura sobre lo acontecido aquellos días en San Vicente.
Escena 1: San Vicente, el barrio como “teatro de la lucha contra la subversión”
En la coyuntura de una época marcada por las avanzadas represivas, el 26 de marzo de 1976 –dos días después del golpe de Estado- se inició un espectacular operativo represivo en las tierras del Tercer Cuerpo del Ejército, al mando de Luciano Benjamín Menéndez. Si bien desde 1974 Córdoba estaba intervenida y el Comando Libertadores de América secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía personas, el 24 de marzo de 1976 se produce un quiebre en la historia argentina: las Fuerzas Armadas con la complicidad de civiles y religiosos derrocan a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura más feroz, cruel y brutal instaurada en el país, que tuvo como objetivo "aniquilar la subversión". Las marcas: 30000 personas desaparecidas, robos de bebés, centros clandestinos de detención, torturas y exterminios, exilios, quemas de libros, censuras, cierres de universidades...
El operativo realizado el 26 de marzo en el barrio de San Vicente posee dos facetas de la dictadura, una secreta y clandestina: el asesinato y ocultamiento de los cuerpos, el borramiento de las pruebas, el robo de bebés, la manipulación en la documentación y la información. También representa la visibilización de un “teatro de operaciones” en la llamada “lucha contra la subversión”, implicando la movilización de decenas de policías, militares, patrulleros y ambulancias.
El sábado 27 de marzo en el diario Córdoba se leía en uno de sus titulares “Tres muertos en un enfrentamiento antisubversivo de barrio San Vicente”. En el cuerpo de la noticia se destaca que los tres muertos pertenecían al grupo que atacara la Comisaría Quinta y que luego de requisar la vivienda se encontró “una niña de seis meses de edad, la que fue llevada a la Casa Cuna”. La noticia no hace mención a cuál fue el destino de los cuerpos de los “subversivos abatidos”, tampoco se preocuparon por seguir lo que sucedía con el bebé dejado en la Casa Cuna. La finalidad era siempre la de “restituir la tranquilidad a sus habitantes, alterada por el accionar de delincuentes subversivos”.
La “zona de operaciones” abarcaba más allá de la cuadra del pasaje Bello. Se “liberaban” las inmediaciones, permitiendo a las fuerzas represivas el control de las manzanas cercanas a la casa donde se encontraban Vilma Ethel Ortiz, José Luis Nicola, Gustavo Olmedo y el pequeño Santiago. De esta manera, el barrio San Vicente pasaba de ser un “teatro de operaciones” en la llamada “lucha contra la subversión”. Montada la escena, el ejército y la policía tenían todo el poder para actuar, también para imponer su versión sobre el desarrollo del “enfrentamiento”.
Escena 2: los gritos
Norma del Rosario Toledo ingresó a la sala, se sentó frente al tribunal y su voz potente y segura retumbó: “Llegó la tarde, se cerró el manzano, quedó todo muy oscuro, se sentía que corrían por el pasaje. Voy a decir las cosas como son”. Norma vive todavía al lado de la casa donde asesinaron a Vilma, José Luis y Gustavo. Recuerda que aquella noche entraron violentamente a su hogar y con una pistola en el pecho de su marido empezaron a romper y tirar todo, al tiempo que preguntaban insistentemente por quién era la bebé que estaba con ella, “cuando les mostramos la partida de nacimiento y se convencieron de que era nuestra hija, se fueron y nos dijeron que no salgamos de la casa. Después se armó la maldita balacera y luego un silencio muy grande”.
Norma, sentía miedo. Miedo a que mataran a su marido o que se llevaran a su hija. La cultura del terror le mostraba sus garras omnipresentes de que en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquiera le podía ocurrir cualquier cosa. Y así, la eficaz incertidumbre del “poder desaparecedor” sobre el destino individual y colectivo. Los habitantes de San Vicente, esa noche, fueron una muestra de cómo el poder militar exhibía su poder a toda la ciudadanía; una muestra de cómo el terror atravesó a todo el tejido social en la Argentina de la dictadura.
La vecina sigue escuchando aún hoy los gritos de una mujer, disparos y gritos de una mujer, corridas y gritos de una mujer, miedo y gritos de una mujer, silencio…y un bebé que llora.
Al otro día del operativo, una bomba reventó en la casa de la masacre. Eran los inicios de la dictadura: desapariciones, asesinatos, secuestros, robos, violaciones, centros clandestinos, robos de bebés… Eran los comienzos del terrorismo de Estado que heriría de muerte para siempre a la humanidad.
Este barrio popular de la “República de San Vicente” fue por aquellos días usado para montar un “teatro de operaciones” donde la policía y el ejército ofrendaban sus vidas para “salvaguardar la seguridad de la Nación” y legitimarse como sus defensores. Sin embargo, los rumores circulan por las calles de la barriada, los relatos se contagian, se (re)construyen, los mensajes proliferan y la memoria sigue disputando los sentidos de lo sucedido: la voz de Norma, se hace muchas: “Espero que haya justicia y que no vuelvan nunca más”, afirma.
Escena 3: Memoria-Verdad-Justicia
Todos los martes, en Tribunal Oral Federal I se llevan adelante las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad donde se juzga por “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía” los delitos cometidos por 22 militares y policías del Comando Radioeléctrico de Córdoba, que se encontraban bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. Las víctimas son 16 trabajadores, estudiantes, gremialistas y militantes sociales que entre marzo y julio de 1976 fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. De ellas, diez sobrevivieron, tres fueron asesinados y tres aún continúan desaparecidos. Entre las víctimas se encuentra Vilma Ethel Ortiz, quien al momento de los hechos cursaba la carrera de Asistencia Social de nuestra, hoy, Facultad de Ciencias Sociales.
El martes pasado, en la segunda audiencia del juicio, además de Norma del Rosario Toledo, declaró Enrique Obdulio Borghi, quien era delegado gremial en la planta de Sancor y en abril de 1976 fue detenido y llevado al Cabildo donde recordó que lo bajaron, lo vendaron, lo esposaron con los brazos para atrás y lo “entregaron a la D2”, quedando incomunicado varios días: “había mucha gente, había dos bancos de cemento y nos torturaban todo el tiempo, había música y ladridos de perros”.
Las audiencias continúan el martes próximo a las 10. Sin objeción de ninguna de las partes, el Tribunal debe resolver los pedidos del Fiscal Maximiliano Hairabedian de incorporar nuevas pruebas testimoniales y documentales a la causa y los pedidos de la querella (Claudio Orosz y Lyllan Luque), por la situación de Sara Osatinsky (madre de José Osatinsky, víctima en este juicio).