09 / Junio / 2021

La Facultad de Ciencias Sociales continúa con el acompañamiento a la comunidad de Villa Alicia en gestiones vinculadas al derecho al hábitat y el territorio, reinventando su trabajo territorial en tiempos donde la pandemia y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio profundizan las dificultades para la reproducción cotidiana de la existencia de las familias y hacen mella en las estrategias organizativas.

El viernes 28 de mayo un grupo de familias de dicha comunidad recibió la notificación de desalojo de una facción de tierras que hacen posesión desde hace más de 2 años y medio, por parte de la fiscalía de instrucción de Dean Funes. Esta medida generó una inmediata comunicación de repudio del Movimiento Campesino de Córdoba por las redes, y desde la Secretaria de Extensión de la FCS y el INVIHAB se solicitó a la fiscalía interviniente y al municipio de Villa de María de Río Seco, la conformación de una mesa de diálogo en la que participen diferentes actores involucrados en el conflicto, tendiente a buscar una solución que garantice el derecho a la tierra y vivienda de estas familias. Dicho pedido fue respondido favorablemente por parte de la Fiscalía.

La comunidad de Villa Alicia de la localidad de Villa de María del Departamento de Río Seco se originó como un barrio popular en el año 2000, a partir del asentamiento de un grupo de familias que fueron expulsadas de la ruralidad como consecuencia del proceso del avance del agronegocio. Con el paso del tiempo y el proceso sociodemográfico, se conformaron nuevos hogares que desarrollaron varias estrategias habitacionales (alquiler, co-residencia con otros hogares, etc.), marcadas por la imposibilidad del acceso a la vivienda por la vía del mercado o a través de políticas públicas habitacionales.  

En este marco, en 2019, un grupo de 12 familias jóvenes (hijos/as de los hogares de barrio Villa Alicia) frente a la necesidad de una vivienda implementaron una estrategia de acceso al hábitat, por medio de una posesión de un terreno ocioso, para el uso familiar y un espacio de uso común. Cabe destacar que no cuentan con servicios básicos para la vida, como el  agua y electricidad. Estas familias se encuentran en situación de pobreza estructural profunda; la trama de las redes comunitarias y de ayuda mutua contribuyen en sus vidas para cubrir necesidades alimentarias, vestimenta, salud y cuidados, habiendo generado procesos de producción para el autoconsumo.

Estas mujeres sostienen su lucha por mejores condiciones de vida para ellas y su familias, la pandemia del COVID-19, hace cada vez más urgente la ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar niveles de calidad de vida para esta población, desde los diferentes estamentos gubernamentales (nacional, provincial y municipal), resaltando que frente a la precariedad en las condiciones de vida de estas familias, las medidas de cuarentena y aislamiento social las expone a nuevos riesgos y dificultades (violencia, déficit en la alimentación, otras enfermedades, entre otras).

En marzo 2020, se presentó un informe sociocomunitario de la comunidad de Villa Alicia, al tiempo que se solicitó a la Municipalidad de Villa María y a otros organismos estatales (CDR Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y Dirección de Hábitat del Gobierno de la Provincia de Córdoba) la pronta definición y el curso de acciones que tiendan a modificar sustancialmente las condiciones de vida de estas familias.

El acompañamiento a la organización comunitaria  se realiza a través de prácticas académicas y extensionistas desde la Cátedra Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención II (Comunitario) de la Lic. en Trabajo social y los Programas de Extensión Producción Social del Hábitat Urbano y Organizaciones Socioterritoriales y Ruralidades, Derechos y Conflictos Campesinos Indígenas, en articulación con el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (INVIHAB) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y las acciones centrales son la producción participativa de información e instrumentos que permitan procesos de exigibilidad de derechos.