01 / Junio / 2018
La Facultad de Ciencias Sociales brindó su apoyo y expresó su compromiso con las familias de Parque Esperanza en el proceso de lucha, resistencia y reivindicación por la tierra y la vivienda que vienen llevando adelante, ante la estrategia de resolución de conflictos generados por el acceso a la tierra por la vía de concretar procesos judiciales de desalojo, caracterizados por una fuerte violencia y persistente vulneración de los derechos sociales.
Asimismo, solicitó a las autoridades provinciales y municipales que realicen intervenciones que reparen los derechos y no profundicen su vulneración a través del desalojo.
En la Resolución Decanal -ad referendum del Consejo Consultivo de la Facultad- se tienen en cuenta la persistencia y emergencia de tomas de tierra en la provincia de Córdoba, expresión de procesos de expansión y fragmentación urbana, y de la propia forma de las políticas de urbanización que naturalizan y priorizan la renta especulativa del suelo, que son un indicador más de lo inaccesible que es la tierra y la vivienda para amplios sectores de población. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) recientemente realizado, indica que sólo en el Gran Córdoba existen 133 asentamientos en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso a dos o más servicios básicos como agua, energía eléctrica o red cloacal, afectando las condiciones de vida de 16.884 familias.
Por su parte, el HCD en la sesión del 4 de junio ratificó lo expuesto, agregando además el repudio a las acciones sistemáticas de judialización e imputaciones legales que se vienen produciendo a lo largo del territorio nacional y provincial en relación a los distintos conflictos sociales. Además de invitar a la comunidad a de la Facultad a participar de la marcha convocada para el próximo jueves 7 de junio.
Antecedentes
En los últimos meses, se desarrollaron un serie de conflictos en torno a la judicialización de los procesos de toma de tierra, con órdenes de desalojo en diferentes puntos de la provincia (Amanecer Joven, Canal de las Cascadas, Parque Esperanza en Juárez Celman, Comechingones en Cuesta Blanca, Villa La Maternidad, Nuestro Hogar III, entre otros), lo cual representa una alerta sobre la grave situación por la que atraviesan cientos de familias y que ponen en discusión la falta de políticas públicas adecuadas para el acceso a la tierra y la vivienda de los sectores populares; y también una contradicción con los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y en la Constitución Provincial de Córdoba, en especial, en el art. 67 se establece la limitación de la propiedad privada por la función social que debe cumplir.
En este marco, las 120 familias de Parque Esperanza (Juárez Celman) resisten un persistente proceso de judicialización para su desalojo, en el cual el día de hoy, viernes 1 de junio, se efectivizó con presencia de la policía y Gendarmería por medio de represión. Mientras que a través de la prensa local, la intendenta de Juarez Celman Miriam Prunotto sostiene que las mismas familias han prendido fuego sus casas y nadie vive en el barrio, en busca de deslegitimar la lucha sostenida por las familias.
Este asentamiento se conformó hace 4 años en un terreno que se encontraba ocioso, como forma de acceso a la tierra por parte de familias que quedan excluidas del acceso a la tierra y vivienda vía el mercado formal y ante la ausencia de respuestas estatales a este problema social. El barrio está loteado, subdividido y registrado en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP); además, las familias cuentan con el certificado de vivienda familiar otorgado por ANSES, y se han organizado como Cooperativa 12 de junio. Dentro de las acciones que realizaron se destacan la presentación de dos proyectos de expropiación de la tierra y forman parte de la iniciativa nacional para expropiar los 4.228 barrios populares de los cuales el 60% se encuentran en terrenos privados.