11 / Octubre / 2022
La UNC por la salud mental - Desde la Facultad de Ciencias Sociales, junto a diferentes ámbitos académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, nos pronunciamos por la plena implementación de las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental.
Las instituciones académicas, cátedras, centros de investigación, equipos de gestión, consejos directivos, agrupaciones estudiantiles y docentes/investigadores abajo firmantes nos dirigimos a la opinión pública a fin de expresar nuestra preocupación por los embates que sufre la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que incluyen también una propuesta de modificación. Queremos de esta manera manifestar nuestro firme posicionamiento de respaldo a la plena vigencia de la norma y a la necesidad de su urgente y completa implementación en los ámbitos nacional, provinciales y municipales.
La ley Nacional es reconocida mundialmente por sus avances en el abordaje y la protección de los derechos de las personas con padecimiento psíquico y contempla rigurosamente cada uno de los derechos establecidos para las personas usuarias, así como una mirada interdisciplinaria e intersectorial. A su vez, es importante resaltar que en su artículo 4 considera que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.
En la provincia de Córdoba contamos también con la ley Provincial 9848. Tanto la Ley Nacional de Salud Mental como la ley Provincial 9848 fueron sancionadas en el año 2010 luego de un largo período de debate del cual participaron una gran cantidad de actores estatales y de la sociedad civil. La Universidad Nacional de Córdoba tuvo un lugar muy importante en estas discusiones. Las leyes de salud mental se sancionaron con el propósito de transformar el viejo modelo asilar de atención al padecimiento psíquico ligado al estigma, la institucionalización y el encierro. Por la falta de implementación de estas leyes, este modelo tiene aún vigencia.
Se ha instalado en la opinión pública la idea de que es necesario una reforma de la actual normativa. Su eventual reforma podría significar un grave retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, a la vez que comprometería la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación de los compromisos asumidos en la materia.
A 11 años de la sanción de las leyes, y en un contexto de creciente demanda de atención en salud mental, resulta fundamental que se avance en su plena implementación. Muchas de las demandas de las familias de personas usuarias se resuelven mejorando y aumentando la oferta de atención.
Nos preocupa especialmente el estado de situación del campo de la salud mental en Córdoba, sus déficits presupuestarios, la ausencia de dispositivos comunitarios, la persistencia del estigma de peligrosidad hacia las personas con padecimiento psíquico, todo lo cual refuerza la vulneración sistemática de sus derechos. En base a lo expuesto, las/los abajo firmantes nos posicionamos en defensa de las Leyes de Salud Mental vigentes ya que entendemos que son un instrumento fundamental para llevar adelante una política pública que garantice el derecho a la asistencia y cuidado en el campo de la salud mental.
Reiteramos que el problema reside en la falta de su implementación lo cual requiere aumentar el presupuesto que en los últimos años en nuestra provincia ha sufrido un progresivo deterioro, muy lejos del 10% que recomiendan los organismos internacionales y la ley nacional.
Desde nuestras instancias académicas nos comprometemos a seguir produciendo conocimiento, investigando y formando a nuestros/as estudiantes de grado y posgrado en la plena vigencia de estas normas.
Pronunciamiento y adhesiones: Res. 340/2022