La Facultad de Ciencias Sociales expresa una profunda preocupación por el tratamiento del proyecto de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, presentado por el gobierno nacional, que tendrá lugar el próximo 6 de agosto en la Cámara de Senadores de la Nación.
El proyecto en debate pretende una modificación de varios cuerpos normativos. Uno de los aspectos más problemáticos es el que se refiere a la modificación de la Ley 26.737 del año 2011, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Dicha norma establece que ningún país o persona extranjera puede superar el límite del 15% en la titularidad de la tierra; que un mismo propietario/a no puede detentar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo del país o el equivalente que se fije en otras regiones, a la vez que se prohíbe la compra de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura, entre otros aspectos importantes. Además de estas cuestiones, se encuentran también en debate la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 o 30 años, según la zona, de los territorios afectados por incendios y la Ley de Expropiaciones, con la incorporación del lucro cesante como parte de la indemnización que restringe la capacidad del Estado para gestionar el suelo con fines de interés público.
El espíritu del proyecto en su conjunto busca eliminar lo que considera “restricciones ilegítimas al derecho de propiedad”, con vistas a incentivar la inversión internacional y el desarrollo de actividades productivas. Al concebir a la propiedad como un derecho absoluto, cuestiona la noción de utilidad pública y la existencia de argumentos basados en intereses sociales, ambientales y colectivos que puedan limitar el ejercicio del derecho de propiedad.
Con claridad se ponen en tensión perspectivas sobre el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía En los hechos, el proyecto de ley supone un claro peligro a la soberanía territorial al poner en riesgo el acceso de nuestro pueblo a los bienes comunes y a la soberanía ambiental ya que deja sin protección a los territorios afectados por incendios, entre otras cuestiones. En este sentido, este proyecto no puede disociarse de las restantes modificaciones estructurales al marco normativo promovidas por el gobierno nacional y hechas a medida de los intereses de las corporaciones transnacionales como el Decreto N.o 70 de 2023, la Ley Bases y el RIGI y la modificación a la Ley de Glaciares.
La aplicación de esta ley significaría la configuración de procesos de mayor vulneración y conflictividades en torno a la apropiación, cuidado de los bienes comunes y formas de vida en distintos territorios del país. La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC reafirma su posición histórica de acompañar las luchas de las familias campesino-indígenas y movimientos sociales. El derecho a la tierra, el agua y recursos naturales son inseparable de la dignidad humana.
Por todo ello solicitamos a los Senadores de la Nación que voten en contra del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Entregar la tierra no es negocio; es una pérdida irreversible de soberanía .

