El femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en nuestra provincia, nos convoca hoy con más urgencia que nunca. Su crimen sacudió a Córdoba y a todo el país, y volvió a poner en evidencia las fallas estructurales de un sistema que no protege las vidas de las mujeres y las niñas. El accionar tardío del Estado provincial - los días transcurridos antes de activar el Alerta Sofía - y las declaraciones de los funcionarios a cargo mostraron, una vez más, que la complicidad institucional mata.
La complicidad, el accionar tardío, la ausencia de perspectiva de género, la no credibilidad en la palabra de las mujeres, niñas en las intervenciones por parte del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, hoy representado, por el Fiscal Garzón y por el Ministro Quinteros.
Los antecedentes del sospechado del femicidio de Agostina que dejan al desnudo la liviandad y complicidad patriarcal con la cual se interviene y actúa frente a la Violencia de Género.
Este año llegamos al 3J con 104 femicidios en lo que va del 2026, según el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" de La Casa del Encuentro. Los números no son solo estadísticas: son vidas arrebatadas en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de programas de prevención y atención de las violencias de género, acompañado de discursos que las niegan o minimizan. Cuando el Estado retrocede, las mujeres, niñas y disidencias lo pagamos con nuestras cuerpas y nuestras vidas.
A esto se suma la forma en que gran parte de los medios de comunicación abordaron el caso, exponiendo la vida privada de Agostina y su familia, desplazando la atención de las responsabilidades del presunto agresor Claudio Barrelier, y reproduciendo los mismos estereotipos de género que sostienen y justifican estas violencias. La revictimización mediática es parte del problema.
El ajuste y el endeudamiento no son ajenos a esta realidad: el empobrecimiento golpea desproporcionadamente a las mujeres, profundizando su dependencia económica y limitando sus posibilidades de salir de situaciones de violencia. Lo que se agrava con los discursos y acciones desde el propio Estado que atacan, estigmatizan y silencian a quienes defienden derechos conquistados.
Como casa de estudios en Ciencias Sociales consideramos imperante repensar qué instituciones de gobierno, representaciones y políticas de protección y cuidados queremos, para nuestra nación y en particular para nuestra provincia. En un contexto donde ser mujer, disidencia, pobre, racializada, menor de edad, inmigrante, madre soltera o trabajadora informal no son interpretadas como cualidades aisladas, sino también factores que profundizan la desigualdad y discriminación social. Da cuenta de ello las actuales discusiones en el Congreso de la Nación sobre las cuestiones de género, en los que se deja traslucir la apelación a la culpabilización y desligitimación de las víctimas. Ejemplo de ello es el proyecto sobre falsas denuncias presentado por una senadora Carolina Losada de la UCR, y acompañado por los bloques de la Libertad Avanza y el Pro, entre otros. Con el drástico recorte presupuestario realizado nos preguntamos, ¿qué esperamos de nuestros organismos estatales?,¿los recursos disponibles los vamos a destinar a políticas que atienden una minoría de casos o a disminuir la brecha de género que no sólo nos oprime, sino que nos mata? ¿Qué profesionales formamos para que aporten en los espacios públicos societales y estatales destinados a intervenir ante la violencia que sufrimos? ¿Cómo garantizamos que la patria nos pertenezca a todos?
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC reafirma su compromiso histórico con la igualdad, la justicia y la vida digna de mujeres, niñas y disidencias sexo-genéricas. Entendemos que la formación crítica y la acción colectiva son herramientas indispensables para transformar las estructuras que sostienen la violencia machista. Defendemos los derechos conquistados y rechazamos cualquier retroceso.
Por todo esto, y teniendo en cuenta que la violencia de género es una problemática estructural y urgente, es fundamental pensar con memoria activa sobre cada una de las que ya no están, hablando no solo en pasado sino también en clave de futuro, de las políticas que faltan, de las instituciones que deben fortalecerse, de la sociedad que queremos construir.
Por eso, convocamos a toda la comunidad de la FCS a sumarse este miércoles a la marcha del 3 de junio, Ni Una Menos, en Córdoba.
Instamos a las y los ciudadanos a interpelar desde los discursos, las emociones y las prácticas que trastoquen el orden patriarcal.
Sigamos en las calles, en las plazas, en los barrios, en instituciones y en la sociedad juntas y juntes haciendo visible las violencias y exigiendo al Estado que garantice las políticas públicas con los recursos necesarios que hagan efectivo el acceso a una vida libre de violencias.
Hoy, 11 años después del primer grito de Ni Una Menos, exigimos justicia por Agostina Vega y Luna Micaela Giardino, la aparición con vida de Delicia Mamani, y manifestamos la necesidad y urgencia de que en nuestra casa de estudio y la UNC toda se revisen las curriculas disciplinares para tener profesionales y ciudadanxs formadxs en el cuidado, el respeto y el género. Es imprescindible que cada integrante de esta comunidad educativa, cada estudiante, docente, nodocente, autoridad, mantenga viva la lucha y la memoria de las estudiantes víctimas de femicidio, Catalina Gutierrez, Paola Sosa y Milagros Bottone.
¡Ni una menos, vivas y desendeudadas nos queremos!
► RS-2026-00439541-UNC-DEC_FCS
► Declaración ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! | 3 de junio - Ni Una Menos

